La frecuencia de las subidas del recibo de la luz están a punto de multiplicars, al menos, por dos. El Ministerio de Industria reconocía ayer que ha enviado a la Comisión Nacional de la Energía una propuesta de real decreto que le permitirá revisar la tarifa de la luz «cuando las circunstancias especiales así lo aconsejen», esto es, en cualquier momento, como adelantó ayer ABC. No obstante, intentó enviar un mensaje tranquilizador a los indignados consumidores asegurando que, aunque se reserva tal potestad, en realidad sólo pretende revisar la factura eléctrica cada tres meses, en lugar de cada seis meses como sucede ahora, con lo que, al menos, se duplicará la frecuencia de actualización del recibo. En esta línea, el cambio normativo abre la puerta a que el Gobierno aplique una subida de la luz el próximo 1 de octubre.
Las revisiones se realizarán en el tramo del recibo que corresponde a las tarifas o peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de la electricidad. Este capítulo supone el 50% de la factura para los casi 27 millones de hogares y pequeñas empresas que pueden acogerse a ella. La última propuesta de Industria, paralizada por el acuerdo entre el Gobierno y el PP, hubiera supuesto un incremento de casi el 10% para los hogares en este tramo. En el trasfondo de la medida se sitúa el déficit de tarifa —la diferencia entre lo que pagan los consumidores y lo que cuesta la energía— que existe en el sistema eléctrico español y que acumula una deuda de 20.000 millones con las compañías del sector. La medida estaría encaminada a rebajar el agujero ajustando los costes a los ingresos, es decir, a la factura de la luz.
Consumidores encendidos
Un punto que se contradice con las negociaciones que mantiene Industria con el Partido Popular y que tienen el objetivo de «hacer una revisión profunda del sistema eléctrico» para eliminar los gastos superfluos, de tal forma que lo que pagan las familias por la luz sea
suficiente para cubrir los costes de generación y transporte.
La tramitación de este real decreto, que ya espera el informe preceptivo de la CNE, ha quedado al margen de las reuniones que Sebastián mantiene con los populares para intentar llegar a un Pacto de estado de Energía. Fuentes del PP reconocían que no conocen el texto ni tienen constancia de él, pero que siguen en conversaciones con el Gobierno «al que han pedido que haga el esfuerzo de tomar medidas para que no se incremente el recibo de la luz».
Tampoco tenían conocimiento del texto las asociaciones de consumidores. La portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Iliana Izverniceanu, declaraba a este periódico que «la medida refleja que la política energética del Gobierno es un despropósito». La OCU se mostró en desacuerdo con el contenido porque «primero dicen que van a congelar la subida de la luz y poco después descubrimos que sólo la aplazan hasta octubre, o sea que le dan dos meses a los usuarios. Esto demuestra que el pacto está hecho de cara a la galería y que hay una improvisación total en un servicio básico para los hogares».