El desembarco ayer en Alicante del ministro de Agricultura, Miguel Ángel Arias-Cañete, y su secretario de Estado de Agua, Federico Ramos, fue valorado este jueves por juntas de usuarios y las organización agrarias de la provincia como la reafirmación de los compromisos del Gobierno con las necesidades hídricas de Alicante. Sobre todo, en relación a reiterar la vigencia del trasvase del Tajo-Segura y del Júcar-Vinalopó, y sistemas públicos como la Mancomunidad de los Canales del Taibilla del que dependen abastecimientos urbanos y los regadíos en la mayor parte de comarcas.
No obstante, Arias Cañete vino con un mensaje claro. Los planes de cuenca solo han «desbrozado» parte del camino que falta por recorrer. El Plan Hidrológico Nacional no se hará hasta la próxima legislatura y en el nuevo sistema se dará entrada a la iniciativa privada en la gestión.
El compromiso del PP en materia hídrica y, más particularmente de Arias Cañete que ha logrado importantes pactos territoriales, pasa por llegar a una «planificación integral» que sea «sólida, eficiente y sostenible desde el punto de vista medioambiental y económico». «No sujeta a las alternancias de Gobierno», dijo. Pero el ministro no ocultó que el punto en el que más dificultades está encontrando el Gobierno es el económico. De ahí que ya se haya puesto en marcha un «grupo de trabajo para estudiar las necesidades de financiación». En este sentido anunció que «será necesario promover cambios en el régimen económico-financiero del agua, que permitan cumplir con el principio de recuperación de costes estableciendo incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos».
En el aire queda cómo se traducirán estas palabras y el anunciado proyecto de unificar toda la gestión del agua en una única sociedad, lo que se vino en llamar el «Adif del agua» durante el pasado verano cuando se deslizó la idea. Cañete, por el momento, sólo apuntó que «se van a introducir reformas organizativas para mejorar la gestión y la administración del agua, y evitar así duplicidades» y que «estamos preparando un anteproyecto de ley que permita una regulación específica del ciclo del agua de uso urbano, porque es imprescindible contar con una normativa básica que regule en conjunto el abastecimiento, la distribución, el saneamiento y la depuración».
En este sentido, y preguntado explícitamente por las desaladoras, explicó que los gobiernos anteriores de José Luis Rodríguez Zapatero gastaron 2.000 millones (de fondos europeos) en estas obras sin valorar la demanda y que cuando el PP llegó a la Moncloa de las 15 desaladoras prometidas solo funcionaba una, la de Marbella. En este sentido, aseguró que el reto es integrar estas infraestructuras así como otras realizadas por el PSOE, como la toma del Azud de la Marquesa del Júcar-Vinalopó
Malestar en el Júcar tradicional
Los regantes tradicionales del Júcar se reunieron ayer con el vicepresidente de la Generalitat y conseller de Agua, José Císcar, para trasmitirle su «malestar» por el protocolo firmado entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Generalidad Valenciana. Los regantes explicaron al vicepresidente que los usuarios del Júcar han demostrado «siempre su solidaridad no sólo con palabras sino con un trasvase al Turia, otro al Palancia y al Vinalopó». Sin embargo, han recordado que actualmente el Júcar es un río «deficitario». USUJ, en un comunicado, indicó que «no se pueden atender todas las concesiones existentes».