Los presidentes de Murcia y de la Generalitat Valenciana están preparándose para pedir compensaciones en el futuro al Gobierno de España por dejar de utilizar el trasvase Tajo-Segura. Así lo aseguró ayer el vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, al ser preguntado por las intervenciones de Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps en la jornada de Ordenación Jurídica del Trasvase Tajo-Segura que se celebró el pasado martes en Murcia. Para Lamata, tanto Camps como Valcárcel mantuvieron una «actitud defensiva» porque, en su opinión, «están inquietos» por las razones de «mucho peso» que contra el trasvase se están manifestando desde Castilla-La Mancha y están preocupados porque «el tiempo se está agotando». Al respecto reiteró que 2015 es la fecha límite para la utilización del trasvase, aunque advirtió de que es probable que antes de esa fecha no puedan hacerse derivaciones en aplicación de la ley, que otorga la prioridad del uso de esas aguas a la cuenca cedente.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, el socialista Julián Rebollo, no se mostró tan optimismo como Lamata y criticó que desde Castilla-La Mancha «no se está luchando con uñas y dientes» para defender el agua ante las pretensiones de Valencia y Murcia.

«Pensamiento único»

En este sentido, el Gobierno murciano, a través de su consejero de Agricultura y Agua, volvió a reclamar ayer la continuidad de la infraestructura. Antonio Cerdá -tras la clausura de las Jornadas sobre la Ordenación Jurídica del Tajo-Segura- aseguró que la caducidad del trasvase supondría la desaparición de 40 millones de árboles frutales, al tiempo que criticó lo que calificó como «pensamiento único» en torno a la desalación por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

El consejero tildó de «irresponsable» a la ministra de Medio Ambiente porque, según dijo, «abdica de sus responsabilidades jurídicas y legales sobre el trasvase y da por cerrada una cuestión que debería resolver antes de terminar su mandato», informa Efe. A su juicio, «lo que tiene que decir es que el Tajo-Segura es intocable», en referencia a las declaraciones de Cristina Narbona en su visita del pasado martes a Murcia en las que aseguró que la decisión sobre la caducidad del trasvase que contempla el Estatuto de Castilla-La Mancha recaerá en la persona que salga elegida en la próxima legislatura. «El trasvase Tajo-Segura es y seguirá siendo una obra de Estado», subrayó Cerdá, quién destacó el carácter «vertebrador e integrador» de la obra.

Sin embargo, en su intervención ayer durante la última jornada sobre ordenación jurídica del trasvase, el magistrado de la Sala de Lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional José Guerrero Zaplana recordó que muchas de las sentencias dictadas hasta ahora por el Tribunal Supremo en materia de trasvases de agua del Tajo al Segura han sido contrarias a las pretensiones del Sindicato Central de Regantes de reconocer como un derecho el envío de agua.

«Molesta que llegue más agua»

Mientras tanto, la ministra de Medio Ambiente volvió a defender su política hidráulica al asegurar que la Comunidad Valenciana y Murcia acabarán la legislatura con más agua disponible que hace cuatro años, a la vez que se mostró convencida de que eso «le molesta al PP». Cristina Narbona aseguró en el Congreso que cuando finalice la legislatura la Comunidad Valenciana dispondrá de 335 hectómetros cúbicos más de agua que al empezar y la murciana de 135.

La portavoz popular en materia de Medio Ambiente, Teresa de Lara, tachó de «bajeza» decir que al PP le molesta que llegue más agua a Valencia y Murcia y acusó a la ministra de mentir por reiterar que el trasvase de agua desde el Ebro -derogado por Zapatero- no contaba con el respaldo de la Comisión Europea y que no iba a ser por lo tanto cofinanciado.