El debate sobre la nueva Demarcación Hidrográfica del Júcar ha enfrentado a la Generalitat con Castilla-La Mancha, poniendo en cuestión conceptos geográficos como "delta" o "cuencas endorreicas". En liza: que la nueva demarcación abarque más territorio en cada una de las autonomías para mantener su control.

J. Sierra, Valencia
El debate abierto sobre la nueva Demarcación Hidrográfica del Júcar, organismo que sustituirá a la actual confederación hidrográfica, con sede en Valencia, ha generado un enfrentamiento entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Generalitat Valenciana con el Ministerio de Medio Ambiente como árbitro, en el que se mezclan intereses geopolíticos y en el que se lucha, literalmente, «palmo a palmo» por el control del río Júcar.
En el conflicto, que debe resolver el Ministerio tras «conocer» la opinión del Consejo Nacional del Agua, forman parte esencial aspectos geográficos que en ocasiones parecen recuperados de viejos libros de texto como la Enciclopedia Álvarez.
De pronto, se han puesto en cuestión conceptos como el de «delta», «estuario»»llanuras de inundación» por parte de Castilla-La Mancha, mientras la Generalitat Valenciana recupera para sus intereses la figura de las «cuencas endorreicas» que hace años se estudiaban en Bachillerato e incorpora en sus tesis, que en este caso son también las del ministerio, conceptos más actuales como el de las «aguas de transición y costeras».
En el fondo de esta compleja batalla que impide avanzar en el nuevo Plan Hidrológico del Júcar se encuentra algo relativamente sencillo: La Generalitat y Castilla-La Mancha quieren que la demarcación Júcar abarque la mayor superficie y habitantes posibles dentro del territorio de cada una de estas autonomías para mantener el control del río, la sede del organismo y el mayor número de votos para condicionar la gestión de sus caudales.
De momento nadie ha buscado a un doctor Livinsgtone que determine la situación exacta de las fuentes del Nilo, aunque por poco.
La Junta de Comunidades de Castilla -La Mancha encargó al Centro Regional de Estudios del Agua (CREA) de la Universidad de Castilla-La Mancha una delimitación de las cuencas hidrográficas incluidas en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Dicho y hecho. Sin necesidad de nuevas exploraciones pero apoyándose en la cartografía digital y en modelos del terreno, el CREA ha localizado «ríos» donde ni siquiera los mapas los señalan, «descubriendo» pequeños cauces que, lógicamente, atribuye a la gestión de la Generalitat -ríos intracomunitario- y excluye de la macrocuenca del Júcar.
En la guerra abierta vale todo y Castilla-la Mancha niega que «los pequeños espacios interfluviales que se suceden entre las cuencas hidrográficas de los cauces principales que desembocan a lo largo de la costa entre Benicàssim y Gandia» sean intercomunitarios y adscritos por tanto a la futura Demarcación del Júcar, como defiende el Gobierno y la Generalitat.
La estrategia de Castilla-La Mancha
Más aún, los castellano manchegos niegan que La Albufera sea producto de una llanura de inundación o interfluvio a la que contribuyen por igual las aguas y avenidas del Júcar y el Turia. Esta estratagema permitiría, de ser aceptada por el Gobierno, adjudicar a la Generalitat la cuenca del Carraixet y la del Barranco del Poyo-dos auténticas joyas que solo aportan avenidas e inundaciones, pero ni gota de agua-, provocando una «ruptura» en las aguas costeras-de Benicàssim a Gandia- y restando «suelo» a la Generalitat.
Básicamente, el Gobierno valenciano acepta el criterio del Ejecutivo a excepción de la división entre las cuencas del Vinalopó y el Alacantí realizada con criterios geográficos -aguas superficiales-aunque discutible por otras razones «de segundo y tercer orden» basadas en la interconexión existente en sus aguas subterráneas y a través de múltiples infraestructuras de riego y suministro hídrico.
Sin embargo, y puestos a hilar fino, el conseller José Ramón García Antón recuerda en un escrito al ministerio que en Albacete hay cuencas endorreicas como las del río Lezuza, Balazote, Don Juan o Pozohondo-sin salida al Júcar o a través de canales artificiales como el de Maria Cristina- que deberían ser adscritas a Castilla. El movimiento haría que Albacete se quedara «fuera» del Júcar.