El Gobierno garantiza que, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), aportará el máximo volumen legal de agua del trasvase entre los ríos Júcar y Vinalopó, que asciende hasta los 80 hectómetros cúbicos.
Desde el Ejecutivo central afirman que «el agua será de la mejor calidad posible, cumpliendo escrupulosamente las condiciones impuestas por la Unión Europea (UE) para la financiación de 120 millones de euros para la citada conducción». Entre los requisitos marcados por Bruselas también figuran que los 80 hectómetros cúbicos sean excedentes del Júcar y que se cumplan las condiciones medioambientales del río y de l’Albufera de Valencia.
Desde Madrid también especifican que, con las inversiones efectuadas en la Estación de Aguas Residuales (EDAR) de la Ribera, «la calidad del agua ha pasado de ser apta para el riego a ser prepotable, lo que permite estudiar el diseño de las características de la planta potabilizadora».
Las consideraciones sobre el trasvase forman parte de una respuesta parlamentaria del gobierno realizada a una pregunta formulada por la diputada popular Teresa García Serna.

Cortes de Pallás
Otro de los puntos tratados en el texto son los beneficios de la modificación de la toma de Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa, «que garantiza la viabilidad desde el punto ambiental, social y económico; es el único trasvase que tiene unanimidad de la cuenca cedente, usuarios, organizaciones agrarias y ecologistas».
El cambio de trazado supuso un aumento de 73 millones de euros en la financiación de la obra. La inversión del proyecto inicial ascendía a 230 millones de euros, con una aportación de la UE de 75 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno defiende la viabilidad económica de la modificación, que eleva el presupuesto hasta los 303 millones, «desde la nueva toma se garantiza la viabilidad al incrementarse el volumen de agua real a trasvasar, tal como ha reconocido la UE al incrementar su aportación hasta los 120 millones de euros».
Sobre los motivos del la corrección exponen que obedece «a la necesidad de garantizar la eficacia de la infraestructura, que se halla gravemente comprometida debido a la inexistencia de los excedentes hídricos previstos en el proyecto original, que no contempló la disminución continuada de caudales en el río Júcar desde el año 1982».
Por último, apuntan que «esta circunstancia impedía garantizar las transferencias previstas sin afectar al caudal ecológico del río y de l’Albufera».