El conflicto en torno a los límites territoriales de la cuenca del Júcar, por cuyo control pugnan desde hace años la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, entra en una fase decisiva. El decreto que debe definir el ámbito de gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está pendiente de las alegaciones a un borrador que sortea la polémica por la vía de dejar las cosas, básicamente, como están.
El ministerio que dirige Miguel Arias Cañete prevé mantener la unidad del territorio y los ríos que gestiona actualmente la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), pero de manera “provisional” hasta que ambas comunidades asuman la transferencia efectiva de sus cauces internos. Una situación provisional a la que, al menos de momento, el decreto no se pone límite.
Los estatutos de autonomía de las dos comunidades en conflicto contemplan el control de los cauces intracomunitarios, que son los que nacen y mueren en su territorio, pero ninguna ha asumido esa competencia. La transferencia de esos cauces a los gobiernos autonómicos cambiaría los límites de la CHJ y el peso de ambas autonomías en la planificación hidrológica. De ahí el conflicto.
La polémica se remonta a una sentencia del Tribunal Supremo de 2004 que anuló buena parte del plan hidrológico del Júcar porque el Estado solo debía controlar los ríos intercomunitarios, que recorren más de una autonomía, y no los internos de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. La ejecución del fallo se aplazó a la redacción de un nuevo plan hidrológico del Júcar que al final se ha atascado, entre otros motivos, porque no se ha definido el territorio que debe abarcar.
La Generalitat ha insistido en que se mantuviera la gestión unitaria actual, mientras que Castilla-La Mancha ha pedido que la Comunidad Valenciana se haga cargo de sus ríos, lo que daría a la Junta castellanomanchega mayor representación y peso en los órganos de decisión de la CHJ y el principal río, el Júcar.
El ministerio se acoge a varias sentencias en torno al problema de las demarcaciones hidrográficas para concluir que la CHJ puede gestionar de manera provisional los ríos intracomunitarios mientras no se produzca una transferencia efectiva de «funciones y servicios» a las comunidades autónomas. El borrador del decreto destaca que «así se ha venido efectuando la planificación y gestión de esas cuencas, en virtud de criterios hidrológicos y de utilización racional» del ag
Cambiar el Estatuto de Autonomía
Al mantenerse la situación actual, la Comunidad Valenciana seguirá con más representantes en los órganos de gestión de la CHJ. En la nueva demarcación, el 50% del territorio será valenciano y su población representará el 90% del ámbito de la CHJ.
No obstante, la defensa de la «tradicional» gestión conjunta de las aguas dentro de la CHJ ha llevado a los regantes valencianos a pedir a la Generalitat que cambie el Estatuto de Autonomía y renuncie a las competencias sobre los ríos internos. Una petición que han reiterado ahora porque consideran que resolvería esa «adscripción provisional» de los cauces que hace el ministerio y permitiría mantener una planificación del agua «con criterios hidrológicos y de utilización racional de los recursos».
Los usuarios del Júcar, además, han presentado alegaciones al último borrador del decreto para solicitar que se suprima la mención a la «problemática» del abastecimiento de Albacete, ya que consideran que la ciudad «no tiene ningún problema de calidad, de cantidad ni de garantía» del agua.
Juan Valero de Palma, secretario general de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), destaca que el actual plan hidrológico del Júcar y el convenio de Alarcón, que regula el uso de las aguas de ese embalse construido por los regantes valencianos, permiten a Albacete utilizar aguas del Júcar para evitar la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental. Pero el convenio sobre el pantano de Alarcón exige el pago a los regantes valencianos de 0,007 euros por metro cúbico, un pago con el que Albacete no cumple, según USUJ, que cifra la deuda más de un millón de euros.
Los regantes históricos del Júcar consideran así que la referencia al abastecimiento de Albacete debe suprimirse y que el ministerio debe velar «por los intereses generales» y evitar «intereses localistas y politizados».
A la Generalitat valenciana tampoco le gusta que se destaquen unos abastecimientos sobre otros, por lo que en sus alegaciones «para mejorar el texto» pide que se eliminen referencias a la regulación de las aguas porque, a su juicio, deben reservarse esas cuestiones para el plan hidrológico del Júcar. En relación con la petición de los regantes de cambiar el Estatuto de Autonomía, fuentes de la Generalitat desechan esa posibilidad. Apuntan que la vía «para garantizar que el agua llegue a todas partes» es la de los pactos, no la de la reforma del Estatuto.