El nuevo reglamento de Desarrollo Rural en el marco de la Política Agraria Común (PAC) permitirá dar un impulso a la modernización de regadíos, según ha manifestado la secretaria general de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Isabel García Tejerina. García Tejerina ha clausurado en Madrid una jornada organizada por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) sobre la importancia del regadío en la nueva planificación hidrológica, en la que también ha participado la directora general de Agua, Liana Ardiles. Ha subrayado el esfuerzo del Gobierno para que, si todo «va según parece», desde la nueva PAC se financien actuaciones en esta materia que puedan conseguir hasta un 10 % de ahorro de agua, frente al 25% de ahorro mínimo exigido que planteó la Comisión en la primera propuesta y que dejaba fuera a muchas de las intervenciones de las que se realizan en España.

    García Tejerina ha defendido un programa de desarrollo rural nacional que conviva con los autonómicos en el que se puedan incluir asuntos como las intervenciones para ahorro de agua de riego.

    Ha querido aclarar que, en la nueva programación de la PAC, el desarrollo rural de España recibirá 8.291 millones de euros, lo que supone un aumento del 3 %.

    Además de destacar el papel de las comunidades de regantes en la gestión eficiente del agua, ha insistido en que los retos se centran en que el uso el agua de riego coexista con otros y en garantizar el buen estado de todas las aguas afectadas.

    El problema de la escasez del agua es mundial y se agrava con situaciones como el calentamiento global y el aumento de la población del planeta, ha indicado.

    No obstante, ha enfatizado que los esfuerzos por conseguir un uso más eficiente del agua deben hacerse «sin perder productividad y poner en riesgo el empleo en el sector agrícola».

    Por su parte, el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, ha informado a Efeagro de que la organización ha puesto en marcha una central de compras para ahorrar hasta un 14% en su factura eléctrica anual.

    Del Campo ha precisado que, por el momento, hay 30 comunidades asociadas, y que a partir del próximo año «serán muchos más», porque se trata de una medida positiva, como «todo lo que suponga un ahorro energético».

    Según las estimaciones de Fenacore, el ahorro potencial que el sector agrario puede obtener en términos absolutos con esta medida asciende a 59 millones de euros anuales, ya que su consumo actual se sitúa en torno a unos 5.400 millones de kilowatios por hora.

    Ha recordado que, después de la modernización del riego, se pasó de un sistema de irrigación en superficie, donde el uso del agua es más eficiente pero requiere un coste energético, que unido a la liberalización del mercado puede «hacer inviable la supervivencia de algunas explotaciones». Por ello, han solicitado al Gobierno unas tarifas «acordes con las necesidades de riego».

    Sobre planificación hidrológica, ha insistido en el problema que está ocasionando para los regantes el retraso en los planes hidrológicos, una demora que a su juicio se debe a que «cada comunidad autónoma está legislando por su cuenta y atribuyéndose competencias que son de la administración central».

    Ha definido la situación como la «contaminación política del agua», por lo que han pedido al Ministerio que «ponga y orden y cordura para que puedan salir los planes hidrológicos», que sería el precedente para un Plan Hidrológico Nacional «fundamental para los usuarios».

    También ha participado en la jornada el presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias, Fernando Marcén, quien ha abordado la oportunidad que suponen las futuras leyes de cadena alimentaria y de concentración de la oferta, ya en trámite parlamentario.

    En declaraciones a Efeagro, Marcén ha afirmado que espera que estas normas supongan «el principio del cambio necesario en España, porque las cosas no pueden seguir así y hace falta un equilibrio de verdad».

    La situación actual «sólo nos lleva a enfrentamientos y, sobre todo, a que muchos productores no sepan si seguir produciendo o si pueden invertir porque se vende incluso por debajo de coste», mientras que el consumidor vive con la inseguridad de no saber «si lo que está comprando tiene el precio que debería de tener».

    En cuanto a la Ley para la integración de la oferta ha resaltado que ayuda a las empresas y cooperativas a poder «de manera conjunta hacer empresas que compitan mejor en el mercado».