El Gobierno parece decidido a acabar con las duplicidades pese a quien pese, y ha empezado por una parcela muy polémica, la del agua, que quién sabe si desencadenará otra guerra por el preciado elemento. Así, el Consejo de Ministros de ayer derogó la anterior normativa en esta materia y aprobó un Real Decreto Ley que establece que será el Estado el que asuma «directamente» las funciones de Política Hidráulica en las cuencas hidrográficas intercomunitarias con el objetivo de conseguir una gestión «mucho más eficiente».
Según informó la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáez de Santamaría, se quieren evitar solapamientos, asumiendo también el Estado las competencias en el procedimiento sancionador, ya que, según insistió, esta ha sido «siempre» una competencia de la Administración central.
Para reforzar su argumentación, la jurista recordó que el pasado mes de marzo, el Constitucional «dejó sentado» el Principio de unidad de cuenca, especialmente en las intercomunitarias, que pasan por distintas autonomías. A raíz de esta sentencia, el Gobierno anterior aprobó un RDL que permitía a las comunidades asumir las funciones, sobre todo sancionadoras, en el tramo que pasaba por su territorio.
EFICIENTES. Sin embargo, Santamaría subrayó que para el Ejecutivo «es más necesario que nunca» que en el ámbito de organización territorial del Estado se proceda a una «clara delimitación de competencias» entre las distintas administraciones a fin de ser eficientes y, en la medida de lo posible, garantizar la unidad de mercado. Yes que de lo que se trata es de «no multiplicar costes por tres, lo que evitará muchos problemas a los ciudadanos y ahorrará mucho dinero a las cuentas públicas», amén de mejorar el medio ambiente.
Además, comentó que el Gobierno estima que el agua es un «recurso escaso» y que es un dominio público «de todos los españoles», por lo que el Estado asume «todas las funciones de Policía en la gestión de las confederaciones hidrográficas.
Por otro lado, la vicepresidenta explicó que el Real Decreto también simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta «especialmente» a la Red Natura 2000 para que los usuarios y municipios «tengan claras» las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.
De este modo, indicó que éste es el caso «paradigmático» de los residuos, y puso de ejemplo que un traslado de los mismos que pasara por varias comunidades, necesitaba permiso notificado de la de salida y de llegada, un procedimiento«complejo» para esta cuestión tan delicada, lo que crea «múltiples dificultades» para empresas, usuarios o quienes llevan a cabo su gestión.
Con el nuevo texto, se modifica también la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para «simplificar y reducir» las cargas administrativas que estaban provocando «incertidumbre e inseguridad» en la aplicación de la norma.
Las críticas a esta medida no se hicieron esperar. Así, el secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, denunció que el Gobierno se convierte en «un mamporrero de las empresas ejecutoras de infraestructuras y se pone al servicio de los intereses empresariales». Desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán tachó de «chapuza» la medida, avisando de que el Ejecutivo quedaba como un «guardia con porra».
También es de destacar que el Consejo de Ministros ha «abordado» un informe presentado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, sobre las «reformas estructurales» en transporte aéreo y el ferroviario, con el fin de «mejorar la eficiencia de estos servicios y ahorrar costes». No se concretó ninguna medida, aunque quedó claro que no se tocarán los peajes.
Eso sí, la dirigente gallega empleó los mismos términos que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que, 24 horas antes, quiso dejar bien claro que esta polémica cuestión que la Comunidad de Madrid quiere aplicar cuanto antes «no está en la agenda del Consejo de Ministros».
