El borrador de la reforma de la nueva ley de Aguas, que hoy debatirán las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial, introduce un cambio en la política de gestión de los ríos españoles basada, según resaltó ayer el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, en “un enfoque” donde el “medio ambiente aparece como un usuario más del agua”.

Palop explicó que una de las principales características de la reforma es que el Estado se reserva el control de la gestión de los ríos que atraviesan varias autonomías (con el 51% de los votos) y deja el resto a comunidades y ayuntamientos. Las confederaciones hasta ahora eran un órgano dependiente del Gobierno.

El director general recalcó que así se potenciará el papel de las autonomías en la gestión de los ríos en proporción a su territorio y población y aumentará la participación ciudadana en la política hídrica.

Pero las asociaciones de regantes denuncian que la nueva ley les excluye de la gestión de la política hídrica. Hasta ahora tenían un papel relevante en la dirección de las confederaciones y ahora, según la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), “se nos margina”.

Control del Gobierno
La reforma modifica la denominación de las cuencas, que pasarán a llamarse demarcaciones. Estas estarán gestionadas por un Comité de Autoridades Competentes formado por el Gobierno, las autonomías y los ayuntamientos. Usuarios y regantes se quedan fuera.

La nueva composición será determinante en la futura elaboración de los planes de cuenca que establecerán los usos de las aguas y los caudales ecológicos de cada cauce.

Los regantes, de esta forma, ven reducida su participación en beneficio de las asociaciones ecologistas. Sólo estarán presentes en la Junta Directiva y en el Consejo del Agua de la demarcación que únicamente tiene un papel consultivo. Los usuarios tendrán en este organismo el 50% de la representación. De ese porcentaje, el 20% será para los ecologistas, otro 20% para las asociaciones agrarias y regantes y el 10% para otras entidades.

Los principales usuarios del agua son relegados a un órgano consultivo con el mismo peso que las asociaciones ecologistas ante la elaboración del Plan Hidrológico de cada demarcación, documento base para definir cualquier actuación futura que se vaya a realizar en los ríos.

El Gobierno aumenta sus competencias en detrimento de las autonomías gracias al artículo 24 y a la ampliación del dominio público de los ríos (con las definiciones de cauce y ampliación de las zonas de protección).

El artículo 24 permite a los órganos de cuenca, entre otras facultades, la aprobación de los estatutos de las comunidades de usuarios, el control de los caudales, de las aguas subterráneas y continentales o tomar las medidas necesarias para la conservación medioambiental. Además, controlará la “policía de aguas”.

Los órganos de cuenca tendrán mayor control sobre los planes urbanísticos, ya que estos deberán incluir un informe en el que se valore su incidencia sobre el dominio público y sobre las zonas de servidumbre de los ríos y zonas inundables

La nueva ley introduce dos impuestos. Una tasa dirigida a recuperar el coste de la gestión que supondrá 0,2 euros por cada mil metros cúbicos, una vía que puede abrir la puerta a nuevos aumentos en el precio del agua. La segunda será de 300 euros por las presas y embalses.

También crea los Bancos Públicos del Agua, en los que se podrán realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de usos del agua. La reforma garantiza a todos los españoles un mínimo de agua de 60 litros por habitante y día. Otra novedad son las demarcaciones mixtas, como la del Júcar, para coordinar la gestión de los ríos de competencia estatal y autonómica.

Se incorpora al dominio público el agua desalada, se crea un registro de presas y se establece la obligación de crear un Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.

Situación del Júcar
La reforma remite su desarrollo a futuros decretos con lo que se introduce cierta ambigüedad sobre el futuro de la política hídrica en la que el Gobierno se reserva la última palabra.

Para el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, “la nueva legislación resta peso a la Generalitat en la gestión del Júcar”, con lo que cuestionó el supuesto aumento de las competencias autonómicas en el control de los ríos. Fuentes de la Generalitat explicaron que el documento lo recibieron el 15 de marzo, al igual que los regantes, con lo que no han tenido tiempo para su estudio.

Con la reforma, que el Consejo de Ministros aprobará en abril y entrará en vigor esta legislatura, según indicó ayer la titular de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el Gobierno tiene en su mano establecer el caudal ecológico del Júcar, que decidirá la posibilidad de trasvasar y los usos del agua.

Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, está continuamente incrementando el consumo del agua del Júcar para sus regadíos y se opone al trasvase al Vinalopó. Una política concertada con el Ejecutivo podría dañar los intereses de la Comunitat.