El Gobierno regional considera esencial que en la revisión del Plan Hidrológico del Júcar, en curso, se tengan en cuenta aquellos aspectos del proceso de planificación anterior a los que no se ha dado cumplimiento hasta el momento.
En este sentido el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, señaló ayer en Albacete que exigirán que en el nuevo plan hidrológico se respete la prioridad de abastecimiento humano sobre cualquier otro uso para la capital albaceteña.
El consejero se refirió así a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, hecha pública recientemente, que obliga al Ayuntamiento de Albacete a pagar a los regantes valencianos una compensación económica por cada metro cúbico de agua que se beba la ciudad en tiempo de sequía, cuando el pantano de Alarcón se encuentre por debajo de un determinado límite.
«Esta sentencia pone de manifiesto un incumplimiento del anterior plan del Júcar porque no reguló adecuadamente en las normas de explotación que había esa prioridad para que puedan beber las personas y que no tengan que indemnizar el abastecimiento a ningún otro uso», matizó Sánchez Pingarrón.
Si bien recordó que el Gobierno regional no puede personarse en el caso ya que el Ejecutivo autonómico no es parte implicada, Sánchez Pingarrón sí anunció que el Ayuntamiento albaceteño contará con la total colaboración de la Administración castellano-manchega.
Recurso de casación
El representante autonómico aseguró que el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Consistorio de la capital albaceteña, Ramón Sotos, le confirmó que los servicios jurídicos del Ayuntamiento ya han elaborado el recurso de casación pertinente, que presentarán próximamente.
Sánchez Pingarrón hizo estas afirmaciones en un receso de la reunión que mantuvo con los responsables de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) y con el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Albacete.
El objetivo de este encuentro, según detalló el responsable del Ejecutivo autonómico era establecer los criterios que debe fijar el nuevo plan del Júcar. «Estamos preparando un documento conjunto en el que se recojan esas demandas de Castilla-La Mancha, esas prioridades que tenemos sobre ese río», detalló el consejero.
Sánchez Pingarrón recordó que el 70% del territorio de la cuenca del Júcar se encuentra en la comunidad castellano-manchega, en concreto en las provincias de Albacete y Cuenca, lo cual da una clara idea de la importancia que esta cuenca tiene para Castilla-La Mancha.
Así hizo hincapié en que resulta esencial llevar a cabo un balance de recursos y demandas de la cuenca demográfica del Júcar para ver si los recursos generados son suficientes para cubrir las necesidades existentes. Este balance serviría además para determinar qué sobrantes existen para hacer frente a las demandas de otros usos fuera de la cuenca hidrográfica.
«Estamos muy interesados en que la planificación responda a las necesidades de abastecimiento, de riego y de caudal ecológico que debe tener ese río», manifestó Sánchez Pingarrón.
Igualmente insistió en la importancia del proceso de revisión del plan hidrológico señalando que el resultado de ese procedimiento será crucial y determinante para los interese de Castilla-La Mancha «en la medida que condicionará nuestro futuro y nuestra posición en materia hidráulica.
También se refirió a la necesidad de que «todo lo que se haga en el Júcar» respete la demarcación que aún está pendiente de determinar.
Trasvase
En cuanto a la aprobación de un nueva derivación de 20,6 hectómetros cúbicos de agua desde el Tajo a Murcia y Almería, Sánchez Pingarrón reiteró que es necesario revisar las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura.
Tildó de «obsoletas» estas normas asegurando que «no responden a un uso eficiente del agua» ya los embalses del Segura están al 58% de su capacidad y está garantizado el abastecimiento.