Los ríos son milagrosos. Se sabía que traían riqueza y belleza, pero lo que consiguen con ellos las eléctricas va mucho más allá. El Ministerio de Medio Ambiente ha recabado entre todas sus confederaciones hidrográficas los datos -dispersos y opacos- sobre cuánto le pagan las eléctricas por usar el agua para producir electricidad. El recuento da como resultado que por usar el agua, por ley un bien público y sin dueño, las eléctricas pagan entre 10 y 20 millones de euros al año al Gobierno, según fuentes del Ejecutivo. Con ese caudal producen electricidad que, a su vez, las eléctricas cobran al precio de mercado. De media, en los últimos años han conseguido alrededor de 1.000 millones anuales de beneficios con este sistema.

La patronal sostiene que una presa «no se amortiza nunca»

Los consumidores pagan la electricidad al precio más caro, el del gas natural

PSOE, PP, CiU y PNV votaron en contra de limitar «el beneficio caído del cielo»

Los ecologistas critican el continuo «expolio eléctrico» de los cauces

El fiscal denunció a Endesa por secar un río gallego durante 50 años

Medio Ambiente dice que las eléctricas no quedarán fuera del debate de los costes

El Ministerio de Medio Ambiente considera que esta desproporción es excesiva y busca fórmulas para cobrar algo a las eléctricas. El secretario de Estado del Agua, Josep Puxeu, advierte: «Las empresas eléctricas no pueden seguir al margen del debate de la gestión del agua ni de los costes de esta».

El sistema de fijación de precios de la electricidad es singular. Las empresas van ofertando la electricidad en función de la demanda de cada momento. Las eléctricas primero aportan la nuclear, que no puede variar su potencia, todas las renovables entran por ley y, si hay agua en los embalses, la hidráulica. Lo que falta se completa con carbón y gas, que son más caros, y al final todas cobran el precio más alto.

El resultado es que la hidroeléctrica -sin apenas costes y con presas construidas hace décadas- se cobra al precio del gas. Si el gas sube en los mercados internacionales, suben los beneficios de las presas. Los expertos bautizan este fenómeno como «beneficios caídos del cielo» (del inglés, windfall profits).

La Comisión Nacional de la Energía alertó del efecto perverso del sistema en 2008, pero solo la crisis, con la necesidad del Estado de recaudar más y de contener la desbocada tarifa eléctrica, ha abierto el melón de la regulación. Según la metodología de la CNE, el sector obtuvo 1.111 millones de beneficios extra en 2008 y 647 en 2009. La cantidad varía en función de la cantidad de lluvia y del precio del gas, que fija el del mercado. En los primeros ocho meses de este año, mucho más lluvioso, la cantidad ronda los 900 millones.

Medio Ambiente ha revisado los cánones de las presas sobre las que las eléctricas operan en forma de concesión. La inmensa mayoría son embalses construidos en los años cuarenta y cincuenta y con concesiones de hasta 75 años. «No pagan el agua. La cantidad que abonan de canon es mínima», resumen fuentes del Ejecutivo, que citan favores de los gobiernos franquistas hacia las eléctricas. La primera gran concesión que caducará lo hará en 2024, según estas fuentes.

La Secretaría de Estado de Agua ha estudiado fórmulas para recuperar concesiones, pero legalmente, según afirman las fuentes consultadas, es prácticamente imposible. La ley exige compensar el lucro cesante de la concesionaria, que en este caso sería enorme, así que el Gobierno ha abandonado esa vía. Pero sí ha comenzado contactos con las eléctricas para ver cuál podría ser la solución. La reforma de la Ley de Aguas que presentó Cristina Narbona sí incluía un canon universal por el uso del agua que afectaría a las eléctricas, pero el proyecto fue retirado y duerme en un cajón.

La patronal eléctrica, Unesa, discrepa radicalmente. Sostiene que las centrales hidroeléctricas «no se amortizan nunca». Da igual que fueran construidas hace décadas, da igual que el combustible -en este caso el agua- sea virtualmente gratuito y da igual que cobren el kilovatio al mismo precio que una central de gas recién construida y que importa desde Argelia el combustible. «Las centrales hidráulicas y nucleares no están amortizadas. De hecho, les queda más de un 40% de vida útil económicamente restante», afirma un borrador del informe La situación económico-financiera de la actividad eléctrica en España: 1998-2009. Unesa agrupa a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON y HC Energía.

Unesa aporta un estudio que encargó a la consultora Deloitte en el que afirma que «se ha constatado la inexistencia de los llamados windfall profit», y algo similar ha dicho la consultora PricewaterhouseCoopers, ambas de gran predicamento.

Unesa cita la nuclear y la hidráulica porque son casos similares. Centrales antiguas, que en muchos casos recibieron inversiones de dinero público hace décadas y que cobran al precio más alto. Alemania ha abierto una vía al gravar las nucleares a cambio de que puedan funcionar hasta los 46 años como máximo. Con el sistema, la canciller, Angela Merkel, prevé recaudar unos 30.000 millones de euros, que destinará a financiar inversión en renovables y a combatir el déficit público. La central de Garoña, propiedad al 50% de Endesa e Iberdrola, funcionará como mínimo hasta los 42 años sin pagar ese impuesto ni con una menor retribución.

Es más, la patronal afirma que esas presas no solo no están amortizadas, sino que nunca pueden estarlo: «Este tipo de centrales [se refiere a hidráulicas y nucleares] nunca pueden estar amortizadas económicamente hasta el mismo momento de su baja operativa. Por lo que se refiere a las centrales hidráulicas, en su inmensa mayoría se trata de concesiones que deben revertirse al Estado, al finalizar el periodo de concesión, en perfecto estado de funcionamiento».

El fiscal ha calculado incluso cuánto le costaría un impuesto sobre las centrales hidráulicas: entre 408 y 544 millones de euros al año en función de que ese impuesto sea de 15 o de 20 euros por megavatio producido, al que se podría sumar otro sobre las nucleares de entre 893 y 1.191 millones al año. Unesa considera inaceptable esa posibilidad, aunque las empresas sí la han aplaudido en Alemania. Unesa sostiene que la prueba de que no hay beneficios hinchados es que el sector ganó el año pasado 4.689 millones de euros después de impuestos entre generación, comercialización y distribución.

La profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, y experta en el sector, Natalia Fabra discrepa de la interpretación de la patronal: «Una cosa es la amortización contable, cómo ellos lo reflejen en sus libros, y ahí no se amortiza la obra. Otra cosa es la amortización económica, si han recibido suficientes ingresos como para pagar las obras, y en este caso los han recibido de sobra».

Otros informes oficiales apoyan la existencia de los beneficios extraordinarios. En 2008, la Comisión Nacional de la Energía alertó: «La posición de ventaja de las tecnologías nuclear e hidroeléctrica que les suministra, con el actual diseño de mercado, una alta retribución, no es una posición o ventaja competitiva que pueda ser legitimada por los mercados. La moratoria nuclear y el agotamiento (en términos significativos) de las posibilidades de desarrollo del parque hidroeléctrico, determinan la inexistencia de libertad de entrada en estos segmentos tecnológicos y con ello la imposibilidad de que exista, de hecho, competencia real entre tecnologías, y que nuevos entrantes puedan disputar los beneficios observados».

Algo parecido afirma el Libro Blanco de la Electricidad, encargado por el Gobierno del PSOE al poco de llegar al gobierno para ver cómo se podría reformar el sistema. Este avisa de un «desequilibrio muy fuerte en contra de los consumidores, a la vista de los amplios márgenes previsibles de explotación de las tecnologías hidráulica y nuclear».

El tema no es menor. Entre enero y agosto, la hidráulica supuso el 19% de la electricidad de España. Es verdad que ha sido un año húmedo y que es un porcentaje excepcional, pero da idea de que no es una tecnología residual.

Una fuente del sector con gran memoria recuerda cómo ha ido cambiando el sistema de fijación de precios: «Las presas se hicieron con el cálculo de que cobrarían precios regulados, que se ajustaban al bajo precio que pagaban por el agua. Incluso hasta 1974 el consumidor pagaba una ‘prima de las nuevas construcciones’ del sistema Ofile con la que los consumidores financiaron obras hidráulicas». A partir de entonces cobraron un precio fijo y en 1997, tras una reforma legal, el PP crea el sistema que les permite cobrar el precio más alto del mercado. El Gobierno consideró erróneamente que las nucleares y las hidroeléctricas no serían competitivas con las centrales de gas y fijó unos Costes de Transición a la Competencia, una compensación milmillonaria. El PSOE, en la oposición, rechazó con fuerza esta ayuda.

El tema, que apenas generó debate los años de bonanza, llegó el pasado martes al Congreso. El diputado de ICV, Joan Herrera, llevó una proposición no de ley para sacar a nucleares e hidráulicas del sistema de fijación de precios: «No puede ser que presas construidas durante la dictadura de Franco, o incluso bajo el mandato de Primo de Rivera, y que no pagan el agua que usan, generen enormes beneficios caídos del cielo», lanzó Herrera.

El rechazo fue casi rotundo. El PNV y CiU consideraron demagógica la propuesta y el portavoz popular, Carlos Floriano, afirmó que en la iniciativa «late el radicalismo» -el día anterior, la líder conservadora Merkel había aprobado un sistema parecido para las nucleares alemanas-. El portavoz del PSOE, Antonio Cuevas, señaló que la acusación de que las hidráulicas y nucleares obtienen beneficios extraordinarios «no se sostiene». Todos estos grupos pidieron mantener el debate en una subcomisión del Congreso que desde hace más de un año trata de alcanzar un consenso energético. Además, PSOE y PP negocian fuera del Congreso otro pacto sobre estos temas y las eléctricas temen que afecte a los beneficios de presas y nucleares.

Herrera tuvo muy pocos apoyos. Solo el BNG respaldó la moción en la tribuna. El diputado Francisco Xesus Jorquera afirmó: «Las centrales hidroeléctricas explotan un recurso público como el agua y obtienen pingües beneficios dejando que la sociedad pague gran parte de los costes ambientales».

Galicia es la comunidad que con más intensidad ha vivido el debate. El fiscal denunció a Endesa el pasado mes de abril por secar un tramo de 3,4 kilómetros del río Eume -en él pescaba Franco- durante 50 años entre la presa y la central hidroeléctrica que explota río abajo. La fiscalía denunció un posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por incumplir la Ley de Pesca Fluvial de Galicia, de 1992, que impone una serie de caudales mínimos, y pidió un informe a la Comisión Nacional de la Energía sobre los beneficios obtenidos por la eléctrica este tiempo.

Pedro Brufao, presidente de la Asociación Ríos con Vida y profesor de derecho administrativo de la Universidad de Extremadura, insiste en que no solo hay efectos económicos para el consumidor, sino también perniciosos impactos ambientales. «España vive un expolio hidroeléctrico con el consentimiento de la Administración. La mayoría de las presas se rigen por la Ley de Aguas de 1879, en vigor hasta final de 1985. Era una ley en la que se ofrecían inversiones muy seguras. La Ley de Pesca de 1942 ya incluía condicionantes ambientales, como ciertos caudales, que aún se ignoran».

Brufao pide que se aplique la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas y que las centrales hidroeléctricas que incumplan las condiciones de la concesión sean demolidas. «El Sil no existe y el Miño está destrozado, secan el río Mijares y el Turia, el Llobregat tiene la primera presa a solo 50 metros de su nacimiento. No queda ningún gran río en España», lamenta. Ríos con Vida denunció ayer con fotos que una psicifactoría queda seca cada verano desde 1969 el río Castro, en Galicia.

En la elaboración de los planes de cada cuenca hidrográfica que prepara el Ministerio de Medio Ambiente, algunas eléctricas han pedido compensaciones, ya que al fijar caudales ecológicos no podrán poner turbinas para producir electricidad ni elegir el momento más propicio. La respuesta que les ha dado Puxeu, y que ha enviado a los presidentes de las confederaciones, es que no puede haber contrapartidas, que el caudal del río es previo a la concesión administrativa y que el negocio privado con un bien público como el agua debe tener límites.

Concurso de bombeos

El gran reto de la red eléctrica en España es conseguir integrar las energías renovables, especialmente la eólica, que en los ocho primeros meses del año ha generado el 15% de la electricidad. Para ello, la fórmula ya existente son presas reversibles. Si de noche sopla mucho viento y el sistema no puede absorber toda la electricidad, estas presas bombean agua hacia arriba y consumen el exceso de electricidad. De día, cuando sube la demanda eléctrica, el agua se deja caer y genera electricidad.

En España hay unos 5.000 megavatios de bombeo y otros 3.600 en proyecto, pero con la crisis las eléctricas han ralentizado las inversiones. El Gobierno teme que no se lleguen a construir y que cada vez se desperdicie más energía eólica por falta de capacidad de almacenamiento.

Por eso, el Ministerio de Medio Ambiente ha identificado entre sus pantanos los que tienen capacidad de implantar un sistema de reversión. «Hay presas que están muy juntas, una casi debajo de otra y en la que instalar un sistema reversible es relativamente sencillo», explican fuentes conocedoras del proyecto. El plan del Ejecutivo es sacar a concurso esos emplazamientos para agilizar la construcción de estos bombeos y minimizar las pérdidas de energía eólica.