El último informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar ha servido para poner negro sobre blanco de nuevo el precario estado de salud de esa cuenca fluvial. Fundamentalmente, debido a la sobreexplotación de los acuíferos —de forma ilegal en muchos casos— desde Castilla-La Mancha. En la zona limítrofe de la comunidad vecina existen en la actualidad 82.887 hectáreas de regadíos alimentados por el río. Y esos recursos se detraen, por tanto, del caudal que tradicionalmente nutre a los agricultores de la Comunitat Valenciana.
Se trata de una situación en la que colisionan los derechos históricos de los regantes valencianos con los políticos derivados de la nueva configuración del Estado. Es comprensible que la Junta de Comunidades castellanomanchega defienda los intereses de sus ciudadanos. Sin embargo, no puede ser a costa de aquellos a los que la ley les reconoce unos derechos muy claros, hasta el punto de ser incluso titulares de importantes infraestructuras como los embalses.
Para regular el uso de las aguas del río está la Confederación Hidrográfica, que como organismo de carácter interterritorial y dependiente del Gobierno central debe velar por el cumplimiento de la legalidad en todos sus puntos. Y en ese sentido, no parecen asumibles reivindicaciones como la de excluir la Albufera de la cuenca que bebe de las aguas del Júcar. Por eso, el futuro del río y de sus usos pasa por compaginar en la medida de lo posible todas las demandas, pero sin vulnerar los derechos de cada uno.
