La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín, hicieron ayer balance de la Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (COP 8), que se inauguró el pasado 3 de septiembre en Madrid y finalizó el pasado fin de semana.

La Conferencia concluyó con la adopción de importantes decisiones que facilitarán la puesta en marcha de acciones concretas para luchar contra la desertificación, muchas de ellas impulsadas desde la Declaración de Madrid, que constituye una “hoja de ruta” auspiciada por la ministra de Medio Ambiente para combatir estos procesos en todo el planeta. El documento incentiva la instauración de indicadores que permitan evaluar con criterios homogéneos los efectos de la desertificación en todo el planeta y los costes que acarrea la degradación y pérdida de suelo.

Asimismo, impulsa el refuerzo de las relaciones científicas y tecnológicas y la cooperación entre las tres Convenciones de Naciones de Unidas: Desertificación, Biodiversidad y Cambio Climático. Hay que destacar que en la COP celebrada en Madrid comparecieron, por primera vez juntos, los secretarios ejecutivos de las tres convenciones ante los medios de comunicación, tras un encuentro promovido por Cristina Narbona.

La ministra de Medio Ambiente trabajará por el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en Madrid durante los dos próximos años, en los que presidirá el Buró de la Convención.

La conferencia también adoptó un Plan Estratégico a 10 años que supondrá una remodelación de la Convención y los órganos que la componen para mejorar su aplicación y aumentar la eficacia de los recursos disponibles para luchar contra la desertificación. Lamentablemente, no se pudo acompañar de la aprobación del presupuesto para el Secretariado de la Convención a causa del veto que impuso Japón cuando todas las delegaciones habían alcanzado un acuerdo.

Asimismo, durante la reunión, en la que han participado delegaciones de 191 países, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales; se celebraron dos reuniones paralelas y simultáneas: por una parte, el encuentro de Ministros y representantes internacionales de Alto Nivel en el que se discutió sobre la «Desertificación y adaptación al Cambio Climático»; y laSéptima Mesa Redonda de Parlamentarios en el Congreso de los Diputados, que sirvió de intercambio de impresiones e interacción entre parlamentarios sobre el desarrollo sostenible y la desertificación.

Además, con carácter previo a la celebración de la COP 8, los días 1 y 2 de septiembre se celebró la reunión de ONG y otros agentes sociales. Cristina Narbona reclamó ante la COP un papel más activo de la sociedad civil y apoyó la propuesta presentada por las ONG para crear en la próxima Conferencia un grupo de trabajo en la que estén representadas.

CONTRIBUCIÓN DE ESPAÑA A LA CONVENCIÓN

El importante apoyo que España presta a la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación se ha incrementado en los últimos años, pudiéndose citar la organización del II Simposio Internacional sobre Desertificación y Migraciones, celebrado en Almería entre los días 25 y 27 de octubre de 2006, en el marco de los actos conmemorativos del Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación, o las contribuciones voluntarias al Presupuesto de la Convención y al Mecanismo Mundial, órgano subsidiario de la Convención; así como la celebración de la COP 8.

Además, España contribuye de forma creciente a la financiación de proyectos de lucha contra la desertificación en países en vías de desarrollo: desde el año 2001, se han destinado a esta finalidad 160 millones de euros (60 millones de euros en 2007), habiéndose duplicado en esta legislatura los recursos destinados a la ayuda al desarrollo en África.

Entre los proyectos que se desarrollan desde la cooperación española en esta materia se encuentran, a través del Programa Azahar, los dedicados a la conservación de suelos y gestión sostenible del agua en el Magreb y Oriente Medio, entre los que se pueden citar el programa de desalinización fotovoltaica en Túnez y la instalación de potabilizadoras y desalinizadoras de agua en Egipto y Mauritania.

En África subsahariana se presta una especial atención a los programas de acceso al agua potable y saneamiento, así como al fortalecimiento de las instituciones de gestión medioambiental y a la gestión sostenible de la biodiversidad y la protección de ecosistemas vulnerables, en países como Cabo Verde, Kenia, Mozambique, Sudán y Angola.

En esta zona se desarrollan, además, importantes proyectos multilaterales, como el proyecto Agua en África 2006-2007, a través de la FAO, consistente en una mejora de eficacia en gestión y uso del agua.

Otra de las obligaciones de la Convención es la contribución de todos los países firmantes a su propio funcionamiento, así como al denominado “mecanismo global” o fondo especializado gestionado por Naciones Unidas. En el cuadro adjunto se aprecia la evolución creciente de las aportaciones de España, que han pasado de 160.000 euros en 2004 a 5,6 millones de euros en 2007. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, subrayó en la inauguración de la Conferencia de las Partes la urgencia de una mayor implicación de los países más desarrollados en la mitigación de un fenómeno que afecta en particular a los países más pobres, pero que se extiende cada vez más a causa del cambio climático, la deficiente gestión del agua y la deforestación.

ACTUACIONES E INVERSIONES DEL MINISTERIO

Para reforzar y coordinar todas las acciones dirigidas a la lucha contra la desertificación, el Ministerio de Medio Ambiente está ultimando, tras un laborioso proceso de elaboración, el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND), cumpliendo así con la principal obligación contraída por nuestro país como firmante en 1994 de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.

El PAND constituye una estrategia, que requerirá la implicación de las CC.AA., que contribuirá a promover un desarrollo sostenible en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas españolas, previniendo la degradación de las tierras y la desertificación y facilitando la recuperación de las zonas afectadas.

En el periodo 2004-2007, el Ministerio de Medio Ambiente ha destinado más de 3.000 millones de euros a acciones dirigidas a la lucha contra la desertificación. Parte de estas inversiones se han puesto en marcha a través de la firma de convenios con las Comunidades Autónomas. Estas inversiones permiten acometer actuaciones que abarcan desde medidas para la implantación de cubierta vegetal protectora y fijadora de suelos y la potenciación de la agricultura ecológica a la prevención y extinción de incendios.

Asimismo, en el contexto del Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) el Ministerio de Medio Ambiente ha aprobado los Planes Especiales de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía, que permiten minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de la sequía en todas las demarcaciones hidrográficas, constituyéndose en una eficaz herramienta para luchar contra la desertificación.

El aumento de las inversiones destinadas a lucha contra la desertificación desde el Ministerio de Medio Ambiente impulsado desde el inicio de la presente legislatura se mantendrá durante los próximos años, de forma que hasta 2010 se triplicará la inversión media anual del periodo 2001-2003 y más que duplicará la del periodo 2004-2007.