El informe, elaborado por el eurodiputado británico George Lyon (ALDE), trata de definir la mejor manera de actualizar la política agrícola de la Unión, con vistas al nuevo periodo presupuestario plurianual. Entre los objetivos destaca la necesidad de crear políticas capaces de hacer frente a retos como el cambio climático, la seguridad y calidad alimentaria, la protección de la biodiversidad, la competitividad empresarial y los ingresos de los agricultores. El texto subraya que los fondos asignados a la financiación de la PAC deben mantenerse «durante el próximo periodo de programación financiera» a partir de 2013. Asimismo, hace hincapié en que esta política no debe «renacionalizarse» (es decir, que se vuelva a un sistema de control nacional), e insiste en que «las ayudas directas deben seguir siendo íntegramente financiadas por la UE» para evitar la cofinanciación por los Estados miembros, que pueden dañar la competencia leal dentro del mercado único europeo. Este informe recoge que el principio rector de la reforma de la PAC debe ser la «distribución equitativa de los fondos entre los agricultores de la UE», con el fin de «respetar la diversidad de la agricultura». El Parlamento pide criterios más objetivos para reducir las disparidades en los pagos directos, y considera que la actual «base hectárea» es insuficiente y no consigue reducir las desigualdades entre los Estados miembros.
Por otro lado, la Eurocámara insiste en que se debe compensar las exigencias de calidad, sostenibilidad, bienestar animal y legislación que se exige a los agricultores europeos. Asimismo solicita que se exijan los mismos criterios a los productos importados de terceros países respetando las normas de la OMC. Los diputados también piden mejoras en la trazabilidad para que los consumidores puedan estar bien informados.
Por otro lado, el Parlamento Europeo propone el fortalecimiento del papel negociador de los productores en relación a los minoristas y otros agentes dentro de la cadena de suministro de alimentos e insiste en mejorar la transparencia de los precios. Además, los eurodiputados exigen la creación de una red de seguridad que incluiría el almacenamiento público y privado y la intervención, apoyada por instrumentos diseñados específicamente para aumentar la estabilidad de precios.