El texto normativo del Plan Hidrológico del Ebro (PHE) que ayer aprobó el Consejo del Agua de la Cuenca incluye una serie de novedades que otorgan al Gobierno de Aragón capacidad –teórica, a expensas de posteriores procedimientos judiciales– para poner trabas a futuros proyectos de trasvase al arco mediterráneo y, al mismo tiempo, para obtener por ellos beneficios económicos.
El PHE reconoce reservas estratégicas de caudales a favor de siete instituciones territoriales: 40 hectómetros cúbicos anuales para la Junta de Castilla y León, 21,75 para la Diputación Foral de Álava, 148,75 para La Rioja, 32 para Navarra, uno para Castilla-La Mancha, 445 para la Generalitat de Cataluña y 850 para el Gobierno de Aragón.
En la mayoría de los casos, las ubica en cuencas que atraviesan su territorio y de las que se abastecen sus sistemas de regadío. En el cuarto, no: los derechos de Aragón pasan a extenderse a lo largo de todo el eje del Ebro, ya que han sido asignadas a la junta de explotación que regula la cabecera y el eje y a la que atiende al tramo final.
La finalidad de las reservas, que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) inscribira de oficio en su Registro de Aguas cuando el PHE esté vigente, es cubrir «las necesidades de regadío, energéticas, industriales y de abastecimiento de población» según la «disponibilidad del recurso en base a las obras de regulación existentes o previstas en este Plan Hidrológico».
No obstante, el artículo del PHE que recoge este asunto da por entendido que «la no explicitación en este apartado de la reserva para un determinado uso o aprovechamiento no implicará su no consideración en el futuro». Eso ocurrirá siempre que ese uso no explicitado «suponga una adecuada utilización y aprovechamiento del recurso disponible, y cuente con la regulación interna requerida».
El PHE ubicará así derechos de la DGA en el tramo final del Ebro –a partir del Mequinenza–, en el que se han situado todos los proyectos de trasvase al arco mediterráneo, y posibilitará que la comunidad autónoma esté representada en la Junta de Explotación de esa zona.
El balance de recursos hidráulicos que establece el PHE imposibilita la ejecución de nuevos trasvases –la cuenca ya soporta nueve– a otras áreas, aunque la legislación española en materia de aguas sí posibilita –con el visto bueno del Gobierno central– la venta de derechos entre usuarios de diferentes demarcaciones hidrográficas.
Fuentes jurídicas señalaron que la redacción del PHE da teóricamente a la DGA capacidad de intervención en el Bajo Ebro, aunque dudaron de que un tribunal la convalidara.
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