Francesc Signes, diputado del PSPV, aseguró ayer desde la tribuna de las Cortes que el plan hidrológico de la cuenca del Júcar que entrará en vigor a mediados de 2009 incluirá «una reducción sustancial» del límite legal de extracciones autorizadas en el acuífero de La Manchuela, en la Mancha Oriental, que está fijado en la actualidad en 320 hectómetros cúbicos al año. Ese límite fue pactado por Eduardo Zaplana y José Bono cuando se elaboró el primer plan de cuenca, que entró en vigor en 1998.

Luna acusa a la Generalitat de invertir menos de lo que presupuesta

Enric Morera, diputado de Compromís, invitó a las Cortes a denunciar la sobreexplotación del acuífero en territorio manchego en detrimento de los regantes valencianos. «Hay más de 600 pozos ilegales para regar 100.000 hectáreas de secano y solo porque los cultivos están subvencionados por la Unión Europea», denunció Morera.

José Císcar, del PP, subrayó la sobreexplotación del acuífero pero insistió en incorporar una reivindicación del trasvase del Ebro para apoyar la iniciativa del secretario general del Bloc.

Signes llamó al orden a ambos. El socialista señaló que «legalmente» el acuífero no está sobreexplotado porque en el último año hidrológico se extrajeron 296 hectómetros cúbicos, según datos obtenidos por la Confederación Hidrográfica del Júcar a través de unos sensores instalados en el acuífero desde 2004. Signes recordó que el Consell es uno de los muchos implicados en las negociaciones del plan de cuenca y sugirió que la Generalitat debería ejercer presión para forzar aún más ese «recorte sustancial».

José Ramón García Antón, consejero de Agua, abandonó el hemiciclo cuando arrancaba el debate. A la postre, el PP rechazó condenar la sobreexplotación del acuífero y los socialistas se abstuvieron.

El Consell, que preside Francisco Camps, suprimirá el céntimo sanitario con el que grava los combustibles cuando el Gobierno revise el sistema de financiación autonómica. Así lo aseguró ayer el consejero de Economía, Gerardo Camps, en la sesión de control al Consell celebrada en las Cortes Valencianas, en respuesta a las preguntas de Compromís.

Los diputados de Compromís pel País Valencià, con su portavoz, Mònica Oltra, a la cabeza, quisieron poner en evidencia la política fiscal del Consell que preside Camps en un momento de crisis económica. Para ello, Oltra acusó a Camps de olvidarse del notable incremento del paro, del alto fracaso escolar y de la baja calidad de la sanidad valenciana y afirmó que la nueva deducción para paliar la subida de tipos de interés en las hipotecas se traducirá en una desgravación en el tramo autonómico del IRPF de 95 euros, o lo que es lo mismo una ayuda de 7,5 euros al mes. «Los 7,5 euros al mes son más ridículos que los 400 de Zapatero», sentenció.

Camps defendió su política fiscal porque la menor presión genera más ingresos y combatió la imagen de los 7,5 euros mensuales con grandes cifras. El jefe del Consell indicó que la deducción para paliar el coste de las hipotecas supondrá ingresar 50 millones de euros menos en la Generalitat, cuyas deducciones fiscales se cifran en cerca de 2.000 millones de euros «para las clases medias y bajas». Luego intervino el vicepresidente económico, Gerardo Camps, para combatir de nuevo la cifra de los 7,5 euros al mes con ejemplos y explicó que para un joven soltero, una pareja de 30 años o un matrimonio con dos hijos la deducción superará los 275 euros al año, «una cantidad más que razonable».

El portavoz socialista, Ángel Luna, también interpeló a Camps a cuenta de la crisis y le reprochó que desde que logró la presidencia de la Generalitat las inversiones han crecido porcentualmente menos que los presupuestos. Y que la ejecución de las inversiones presupuestadas nunca se ha cumplido del todo.

Luna también acusó a Camps de hacer programaciones plurianuales que nunca se cumplen y que siempre se trasladan de un año para el siguiente. «Está descapitalizando la sociedad valenciana, para usted la ilusión es más importante e igual le sirve que venga James Bond a rescatarnos al módico precio público de 100.000 euros por dos horas de presencia, pero a los ciudadanos normales no les va a rescatar de nada», sentenció Luna.

El presidente de la Generalitat recurrió a compararse con la época socialista de hace 13 años para argumentar que las inversiones se habían incrementado en un 139%. Camps acusó a Luna de quitar de sus datos un 40% de las inversiones realizadas en depuradoras, colegios y ferrocarriles -extremo que Luna negó con vehemencia-, de estar en contra de la mejora de los salarios de los funcionarios y de formar parte de un partido que, en su opinión, castiga a la Comunidad Valenciana en los presupuestos generales del Estado para 2009.