Las alarmas se han encendido en Albacete medioambientalmente hablando. Lo que en principio fue una información que, aparentemente, pasó desapercibida a oposición y grupos ecologistas, ayer saltó al escenario político, quizá influido también por la cercanía de las elecciones generales.
El caso es que ayer el diputado regional del Partido Popular, Marcial Marín, denunciaba en rueda de prensa la instalación de un almacén subterráneo de residuos tóxicos en las Lagunas de Ruidera, una información que facilitaba el Ministerio de Industria el pasado 8 de febrero, al registrar, a propuesta de la Fundación para Estudios sobre la Energía, diez posibles emplazamientos en España para el almacenamiento de dióxido de carbono, entre los que se encuentra un enclave ubicado entre las provincias de Albacete y Ciudad Real, concretamente entre los municipios de Munera, Ossa de Montiel, El Bonillo, El Ballestero, Argamasilla de Alba, Tomelloso y Carrizosa, que afectaría a un área de 1.200 kilómetros cuadrados.
Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 34 del 8 de febrero, en su página 701, «la Dirección General de Política Energética y Minas publica la inscripción de propuesta de reserva provisional a favor del Estado para recursos de la sección B), estructuras subterráneas susceptibles de ser un efectivo almacenamiento de dióxido de carbono, en el área denominada Almacén 5, comprendida en las provincias de Ciudad Real y Albacete».
En este emplazamiento podría almacenarse CO2 mediante técnicas de captura y secuestro de carbono (CCS) y reducirse con ello las emisiones a la atmósfera de este compuesto. Sin embargo y según Marcial Marín, no se conocen las consecuencias que a medio o largo plazo podría tener este almacenaje de dióxido de carbono para uno de los parques naturales más emblemáticos de Albacete y de Castilla-La Mancha: las Lagunas de Ruidera.
Iniciativa parlamentaria
Por este motivo, el Partido Popular rechazó el emplazamiento para crear un vertedero subterráneo de residuos tóxicos entre Albacete y Ciudad Real y anunció la presentación de una iniciativa parlamentaria en la que instará a las Cortes regionales y al Gobierno de José María Barreda que exijan al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero que rectifique el BOE y elimine a Castilla-La Mancha de ese posible destino para el almacén de CO2.
«No queremos ser el almacén de residuos contaminantes de industrias de España o de fuera del país», advirtió el diputado regional del PP, que lamentó que, en ningún momento, el Ministerio de Industria haya ampliado la información al respecto a pesar de que «se trata de un gas nocivo y contaminante cuyas tecnologías de almacenamiento no están comprobadas al cien por cien». Marcial Marín recordó que los otros nueve enclaves propuestos por el Ministerio de Industria, a propuesta de la Fundación para Estudios sobre la Energía, se encuentran en Asturias, Cantabria, Vizcaya, Andalucía, Madrid, Castilla y León, Aragón y Comunidad Valenciana. El diputado regional insistió en que la técnica de capturas y secuestro de carbono está «muy poco desarrollada» por lo que, al día de hoy, «no se conocen los efectos a medio y largo plazo que este almacenaje de residuos tóxicos puede ocasionar a uno de los buques insignia del medio ambiente en Castilla-La Mancha».