La propuesta del Partido Socialista de crear un «ente gestor global» que coordine la gestión de todos los ríos españoles fue acogida ayer con agrado por el Partido Popular. La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, apoyó una gestión nacional en un organismo, «se llame como se llame». La propuesta del PSOE, aprobada en la comisión permanente, no contó en cambio con el apoyo de los ecologistas, que consideran que ceder el Guadalquivir a Andalucía fue inconstitucional -porque afecta a otras tres autonomías- pero que también lo sería arrogarse competencias de las cuencas internas que solo afectan a una comunidad.

Los ecologistas demandan "cumplir la ley, no inventar nuevos órganos"

Preguntada por la propuesta socialista, Cospedal respondió en Radio Nacional: «Lo que me parece indispensable es que tengamos, sea un organismo, sea lo que sea, una planificación nacional del agua. Se llame como se llame, sea el que sea, le pueda gustar más o menos al PP, tengamos una planificación hídrica nacional. Que el agua sea planificada a nivel nacional». Algo parecido afirmó el presidente de Murcia, el popular Ramón Luis Valcárcel, que ha hecho del agua su bandera y gracias a la cual ha conseguido más del 60% de los votos. Valcárcel afirmó que la propuesta viene a «desfacer un entuerto que el propio Gobierno había creado» y afirmó que sería «estupendo» y «maravilloso». Valcárcel retomó su reivindicación de crear un gran banco público de agua que permita a las regiones más secas comprar agua a las más húmedas gracias a un sistema de trasvases.

La propuesta socialista, primer paso en busca de un pacto de Estado sobre el Agua, apunta la creación de un nuevo organismo nacional dependiente de la Administración central pero con participación de las comunidades. Este organismo tendría entre sus funciones «desarrollar la planificación general en todas las cuencas de todo el territorio, sean cuencas intracomunitarias, intercomunitarias o internacionales» y las concesiones de agua.

Las comunidades más afectadas, Cataluña y Andalucía, optaron ayer por la prudencia. El consejero catalán de Política Territorial, Joaquim Nadal, aseguró que lo que pretende la Generalitat es aumentar su cuota de participación en la toma de decisiones sobre el Ebro a través de la Confederación Hidrográfica. «Lo que debe garantizar cualquier cambio legislativo es la coexistencia de las cuencas internas de Cataluña [ríos Ter, Llobregat y otros] con la Confederación Hidrográfica del Ebro y más peso de la Generalitat en esta». Desde el Gobierno andaluz se declinó hacer cualquier comentario.

El responsable de Agua de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas, fue crítico con el planteamiento: «Lo que hay que hacer es cumplir la Constitución y la Ley de Aguas, no inventar nuevos entes. No sé qué entidad jurídica tendría ese nuevo ente». Los ecologistas fueron críticos con la cesión del Guadalquivir a Andalucía. El Estatuto fue recurrido al Constitucional por Extremadura, comunidad gobernada también por el PSOE.

La Constitución establece que las cuencas que abarquen a una sola autonomía deben ser gestionadas por esta -cuencas interna de Cataluña, Cuenca Mediterránea Andaluza…- , pero reserva al Gobierno la gestión de los ríos que cruzan varios territorios. El estatuto andaluz se arrogó la gestión del Guadalquivir, el aragonés una reserva de agua exclusiva del Ebro y el de Castilla y León, la gestión de buena parte del Duero.

El documento fue preparado durante más de un año por la secretaría de Medio Ambiente del PSOE, que dirige Hugo Morán, y con colaboración de un grupo de expertos entre los que estaban profesores de universidad, algún asesor del ministerio y de empresas públicas relacionadas con el agua.