Los alcaldes de Alcadozo, Ángel Alfaro; Peñas de San Pedro, Antonio Serrano y Pozohondo, Amparo Núñez, presentaron ayer una moción conjunta contra las tasas que les quiere imponer la Confederación del Júcar (CHJ) por usar el agua que les llegará desde la Estación de Tratamiento de Aguas Potables de Albacete.

Pero, durante la rueda de presa que los tres ofrecieron en la Diputación, el alcalde alcadoceño recordó un detalle de geografía elemental que, sin embargo, le da un nuevo enfoque a esta polémica. Y es que el 92% del término municipal de Alcadozo no pertenece a la Confederación del Júcar, sino a la del Segura.

«Esto es un trasvase encubierto del Júcar al Segura -afirmó- porque es evidente que el agua sale de una confederación y va a parar a otra a través de una tubería, lo que resulta realmente chocante, cuando se supone que, desde esta comunidad autónoma, estamos empeñados en ponerle fecha de caducidad al Tajo-Segura».

De hecho, desde el grupo del PP en la Diputación, se recordaba que esta derivación de agua para abastecimiento podría equipararse a otros proyectos fallidos en el pasado, como el extinto minitrasvase a Barcelona.

Es más, para remarcar la adscripción de su término municipal a la cuenca del Segura, Ángel Alfaro recordó que su pueblo está sobre un acuífero subterráneo del que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha extraído agua, a través de la polémica y conocida red de pozos de sequía.

«Nosotros sacamos el agua para abastecer nuestro pueblo de ese mismo acuífero -recordó- y el pozo está bien visible, está a 200 metros del pueblo, un pozo que además, no da síntomas de agotamiento, por lo que encima nos han hecho una obra que no nos hace falta ni tampoco hemos pedido, pero por la que nos quieren cobrar 136.000 euros todos los años».

Dos años de polémica. En este sentido, recordar que fue en 2006 cuando los Ayuntamientos de Alcadozo, Peñas de San Pedro y Pozohondo supieron que la CHJ iba a conectar las redes de abastecimiento de sus pueblos a la ETAP de Albacete.

El problema es que la CHJ pretende que estos municipios, de pequeño tamaño y escasos recursos, paguen el 100% de las obras. Así, y según las tasas que se publicaron en el Boletín de la Provincia a principios de año, Alcadozo debería pagar 136.000 euros al año, con un presupuesto de 450.000;Peñas de San Pedro, 108.000 euros, con un presupuesto de 800.000 y Pozohondo, de 100.000 euros, con un presupuesto de 1.500.000.

«Nos han impuesto la obra sin consultarnos, no han querido hacernos caso, salvo cuando nos mandaban algún requerimiento -afirmaba ayer el alcalde de Peñas de San Pedro- y como las confederaciones son del Estado, si no pagamos, nos va a dar igual, porque nos pueden detraer el dinero de las aportaciones obligatorias del Estado a los municipios».

Por ello, estos tres municipios han presentado una moción conjunta en la Diputación, en la que se pide el amparo del Ayuntamiento de Ayuntamientos para que se les exime del pago de unas tasas que, aunque quisieran, no podrían pagar «porque si me quitan 100.000 euros del presupuesto, tendría problemas hasta para hacer frente a los gastos corrientes», se lamentaba ayer la alcaldesa de Pozohondo.