El PP consideró ayer que es posible el consenso entre populares y socialistas en materia de agua porque las posturas «no son tan diferentes», mientras que el PSOE ha insistido en que votarán en contra de la alternativa presentada por los populares a la Ley del Agua porque perjudica a la región.
Así lo pusieron de manifiesto ayer en sendas ruedas de prensa en Toledo la viceportavoz del grupo popular, María Luisa Soriano, y el portavoz del grupo socialista, José Molina, respectivamente. Soriano afirmó que lo importante es defender el agua para los castellanomanchegos, un interés, dijo, por el que el PP ha abogado «siempre» en la región.
«No merecemos que haya ciudadanos que tengan que recibir el agua en cisternas», insistió la popular, quien añadió que las posturas entre ambos partidos «no son tan diferentes».
Por su parte, Molina tachó el texto alternativo a la Ley del Agua presentado por el PP como una propuesta hecha con «las tijeras de Murcia y Valencia». «Es un recorte sin precedentes a las aspiraciones de nuestra región en materia de agua, un recorte que está hecho con tijeras murcianas y valencianas, un recorte en toda regla de quien hoy manda en materia de agua en el PP, que es Valcárcel y no Cospedal», insistió.
A las declaraciones de Molina, Soriano contestó que es un texto alternativo «mucho más ambicioso, que viene a resolver los problemas de Castilla-La Mancha» y consideró que lo único que busca el PSOE es el enfrentamiento.
Molina ha asegurado que el PP intenta engañar a los ciudadanos incluyendo en su propuesta que las necesidades de agua en la región se estiman en 4.500 hectómetros cúbicos, pero no habla de reserva estratégica, tal y como lo hace el texto socialista. «Está claro que no es lo mismo unas estimaciones de agua que una reserva de agua», afirmó.
A lo que Soriano ha respondido que el PP lo que hace es usar una «terminología precisa» para que luego el texto pueda ser constitucional y llegue a ser consensuado.
También el portavoz socialista ha criticado que los populares, con este texto, eliminen que la planificación y la representación en los organismos de cuenca sea proporcional al territorio que cada Comunidad autónoma tiene en esa cuenca y elimina la diferenciación entre cuencas.