PERE ROSTOLL Para el PP, el agua ya ha dejado de ser de todos. El programa electoral de Mariano Rajoy finiquita definitivamente el trasvase del Ebro; pone en peligro el futuro del acueducto Tajo-Segura, una de las principales vías de abastecimiento de la provincia; y siembra la incertidumbre sobre el Júcar-Vinalopó, una infraestructura ejecutada por los socialistas y bloqueada por los regantes. El documento, que suprime también la referencia al PHN que sí se incluyó en 2008, proclama la prioridad de las cuencas cedentes, a las que concede garantías para cubrir sus necesidades hídricas «presentes y futuras»; y supedita la planificación hídrica a un gran pacto del agua, propuesta calcada a la que lanzaron los socialistas cuando Zapatero ganó las elecciones generales de 2004.
Regantes, sindicatos y técnicos de la provincia han acogido con sorpresa, decepción y, sobre todo, indignación los «olvidos» en tema de agua de Rajoy, mientras que desde la Junta de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó en principio no se observa obstáculo alguno. Rajoy ha dado un giro de 180 grados al discurso que, durante años, el PP desplegó en la Comunidad para agitar el conflicto hídrico como bandera para sumar votos. No habrá trasvase del Ebro. No figura en el programa. Como tampoco se cita la conducción del Tajo al Segura. El PP quiere grandes acuerdos, pero otorga la supremacía a las autonomías que tienen agua, con lo que cede a la presión de María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha, para cerrar el grifo de las reservas del Tajo.
«Promoveremos un gran pacto nacional basado, entre otros criterios, en los de unidad de cuenca, sostenibilidad medioambiental, prioridad de uso en la propia cuenca con garantía de las necesidades presentes y futuras de la misma, y solidaridad interterritorial», apunta textualmente el programa del PP que, atendiendo a la defensa que hace de los caudales ecológicos, también podría poner en cuestión el desarrollo del Júcar-Vinalopó, infraestructura que tampoco citan.

Lluvia de críticas
Desde Riegos de Levante, entidad que agrupa a 20.000 comuneros en toda la provincia, su portavoz, Ángel Urbina, expresó ayer que «el programa de un partido que pretende gobernar España que no contemple el mantenimiento en su totalidad del Tajo-Segura ni el hecho de terminar dignamente con el trasvase Júcar-Vinalopó, dicho partido, digo, moralmente no puede pedir el voto en esta provincia». Urbina criticó que esta incertidumbre política de los últimos años se esté traduciendo en desempleo en lo agroalimentario, por lo que si el PP no incluye en su programa las infraestructuras hídricas «moralmente están deslegitimados para presentarse y representar a la sociedad de esta provincia».
Ernesto Blasco, responsable autonómico de La Unió de Llauraors, explicó que este programa confirma que «han estado tomando el pelo miserablemente a los agricultores durante años» por un interés, dijo, «de partido». Y añadió que»confirma que teníamos razón cuando fuimos a Europa y nos informaron de que el trasvase del Ebro era inviable aunque se aprobara. Y que no había nada de nada». Mientras, el juez de aguas de Orihuela, Jesús Abadía, afirmaba ayer que «tanto que han defendido los trasvases, tantas manifestaciones… tendrán sus motivos para no llevarlo en el programa. Ellos sabrán por qué, pero no lo entiendo. Uno está acostumbrado a cumplir lo que dice y lo que promete».
En cambio, para Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, este planteamiento no tiene por qué ser un problema. «Otra cosa es que luego digan que el caudal ecológico del Tajo sea de 10 hectómetros cúbicos, cuando en realidad son seis, o tres en la cuenca del Júcar, porque eso sí que haría inviables los trasvases, pero mientras no se establezcan reservas ilógicas no supone ningún peligro», afirmó.
Manuel Aldeguer, comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, señaló ayer a este diario que debido a su cargo no podía hacer valoraciones políticas de lo que vaya a acometer el PP.
El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, declaró ayer que el programa del PP «confirma la mentira y el engaño más flagrante del PP a todas las comunidades autónomas del Mediterráneo en materia de agua». «Ha quedado de manifiesto, y negro sobre blanco, que el «agua para todos» era directamente una mentira para todos», según explicó Alarte. La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Alicante, Leire Pajín, se mostró convencida de que el PP «va a abrir el grifo con el Júcar-Vinalopó y con la desaladora de Torrevieja, ese va a ser su siguiente paso. Es lo que tiene que hacer si defiende Alicante».
El programa choca de plano con las tesis que, durante años, el PP valenciano utilizó para intentar ganarse el favor de los regantes. De hecho, la hoja de ruta de Rajoy garantiza las reservas estratégicas de agua, elemento que favorece a Aragón y Castilla-La Mancha frente a la Comunidad en las batallas del Ebro y del Tajo-Segura; y concede preferencia de uso a los territorios por las que discurre el agua para favorecer la sostenibilidad y el desarrollo económico y social de cada zona. Sólo una puerta a la esperanza pero con la boca pequeña: el PP concede la posibilidad de transferir «si los hubiere» los sobrantes. Punto y final. Más claro, agua. Los populares valencianos han perdido la batalla interna en su partido. Con información de S. Giménez, E. G. Brotóns, D. Pamies y J. M. Grau.