Barreda lanza un envite a Cospedal para salvar el proyecto, que la líder popular contesta afirmando que «el acuerdo es posible». No obstante, El PP advierte de que votará en contra si no se limpia el texto de «competencias estatales»

El Estatuto de Autonomía ha salido, de momento, del ‘limbo’ del Congreso, donde llevaba atascado más de un año, aunque su futuro sigue pendiente de un hilo o, más concretamente, de la postura que a partir de ahora adopte el PP: si mantiene su oposición y decide no apoyarlo, el PSOE lo devolverá a Castilla-La Mancha.
La ponencia que estudia esta reforma dio ayer luz verde al dictamen del texto regional, que entra ya en la Comisión Constitucional. Este paso hacia delante no ha significado, en modo alguno, que se haya sellado la paz en torno la cuestión castellano-manchega, muy al contrario. El PSOE, tal y como venía advirtiendo, aprobó el documento sin el PP, que se abstuvo y llegó a amenazar con votar en contra. CiU fue, en este sentido, el único grupo que apoyó la propuesta de los socialistas, ya que el PNV no asistió a la reunión, IU se abstuvo y el partido de Rosa Díez votó en contra.
Pocas horas después de este rifirrafe parlamentario, tanto el presidente regional, José María Barreda, como el PSOE, en boca de Eduardo Madina, lanzaron un último envite al PP. Y es que, dijeron, no habrá Estatuto si el PP no apoya el texto en la Comisión Constitucional.
El mensaje de Barreda estuvo especialmente dirigido a la líder de la oposición, María Dolores Cospedal, a quien pidió «un esfuerzo para convencer, para imponer su criterio, para que prevalezcan los intereses de Castilla-La Mancha y no los de otros territorios».

Desmarque de CiU. Una invitación al consenso que viene motivada también por la advertencia de CiU de que no seguirá apoyando al Estatuto en el Congreso si no entra el PP. El «sí» del PP «es la única manera de que se pueda aprobar, porque la aritmética parlamentaria no da para otra cosa, dado que CiU ya ha dicho que si no hay consenso con el PP ellos no lo apoyarán», reconoció Barreda.
Por su parte, Eduardo Madina confirmó que su grupo sacará del Congreso la reforma si no hay acuerdo. Según explicó a Efe, esta decisión se ha adoptado por deseo expreso de José Antonio Alonso y Leire Pajín. «Sólo habrá reforma si tenemos la mayoría que lo vio nacer en las Cortes castellano-manchegas», sentenció.
Así las cosas, la Comisión Constitucional, examen previo del Estatuto antes de llegar al pleno del Congreso, se convierte en la última oportunidad para el texto castellano-manchego, aprobado por unanimidad en las Cortes autonómicas en enero de 2007.
Volviendo al dictamen acordado ayer. Cabe apuntar que, a las enmiendas ya pactadas entre PSOE y PP en enero del pasado año, se suman ahora nueve enmiendas más de IU -la mayoría relacionadas con derechos sociales- y la enmienda transaccional del PSOE sobre el agua, no rebajable para los socialistas e inasumible para el PP.
Esta enmienda no presenta novedades a lo ya avanzado en la primera reunión de la ponencia, hace apenas 15 días. Incluye en el preámbulo una «reserva estratégica» de 4.000 hectómetros cúbicos, según estimaciones del Gobierno regional. Además, señala «la participación efectiva de la Junta en los órganos permanentes de gestión y control del trasvase» mientras «subsista».
En lo que se refiere a la disposición transitoria primera, ésta no hace mención a la citada reserva, aunque la vinculación con ésta se sitúa, según el socialista Alejandro Alonso, en la aseveración de que «la planificación hidrológica de la cuenca del Tajo concretará la dotación suficiente de agua para garantizar el caudal ecológico del río» y atender «las necesidades presentes y futuras de esta Región».
La cuestión de quién fijará esta reserva hídrica, los criterios a seguir y dónde se ubicará, son puntos que no corresponde determinar a un Estatuto, añadió Alonso. A su juicio, el texto planteado por el PSOE es «una solución razonable al controvertido tema del agua», «tengo la seguridad que el PP finalmente votará el texto del dictamen».

Votaremos en contra, o no. El discurso del PP también cambió a lo largo del día de ayer. Arturo García-Tizón cargó por la mañana contra la propuesta socialista y, en concreto, contra «dos discrepancias fundamentales»: el agua y la ley electoral. «Si quieren tener el voto del PP deben hacer cambios en profundidad, les hemos dado una última oportunidad» y, «si no lo corrigen, votaremos en contra».
Ya por la tarde, Cospedal matizaba estas palabras y avanzaba que «es posible llegar a un acuerdo». «El PP va a seguir trabajando y lo va a hacer hasta la última gota y hasta la última palabra», aseguró.
Fuera de estos acercamientos vespertinos, el PP mantiene que en materia de agua «el texto es insuficiente y no resuelve los problemas». Es más, para la oposición el preámbulo podría encontrar problemas en el Tribunal Constitucional. «Se sigue haciendo mención a competencias que son sólo estatales», avisó García-Tizón. Además, «tiende a una provocación innecesaria a otras comunidades autónomas», añadió en alusión clara a Murcia y Valencia, gobernadas por el PP y que ya han amenazado con llevar a los tribunales la reforma.
Si bien el desencuentro en materia de agua entraba dentro de lo esperado, la sorpresa fue el rechazo ‘popular’ al punto dedicado a la ley electoral, contra el que no presentó enmiendas. El PP ha dado su apoyo a una enmienda de IU, que llega ‘viva’ a la Comisión Constitucional y que señala que cualquier reforma de debe ser aprobada por mayoría absoluta en las Cortes regionales, y no por mayoría cualificada, como recoge el actual dictamen. Según IU esta es una medida «absolutista».
García-Tizón aclaró que su partido apoyó esta mayoría cualificada «antes» de que el PSOE modificara la Ley castellano-manchega en 2007 por mayoría absoluta y sin el apoyo del PP, a pesar de que se estaba tramitando la reforma estatutaria. Algo que calificó de «inasumible».

apoyo catalán. Lo que tampoco cuadra en los cálculos ‘populares’ es que el PSOE haya desbloqueado el dictamen con los nacionalistas catalanes. El PSOE «no podría explicar una reforma sin el PP y con CiU», recalcó.
Con todo, el Estatuto queda de nuevo pendiente de un acercamiento, o no, entre socialistas y populares en el Congreso. «Seguimos en tablas», como reiteró Gaspar Llamazares, de IU.