La decisión de la Comisión Europea (CE) de reducir las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) en un 4% en 2014, ya que el presupuesto disponible está por debajo del requerido, ha levantado ampollas en sector agrario español, que no sólo no se lo esperaba, sino que ha visto cómo puede afectar seriamente a la economía de los agricultores y ganaderos. UCCL, ASAJA y COAG ya han salido a la palestra a denunciar y a buscar culpables de este descuento de las ayudas, que según los cálculos de ASAJA podría alcanzar más de 200 millones de euros en el territorio español y de 1.471,4 millones para toda Europa, según las cuentas de COAG.

    Según la CE, se necesitan 1.470 millones de euros para cuadrar sus presupuestos que se recuperarán con esta rebaja. No obstante, los primeros 2.000 euros de ayudas están exentos de esta reducción, tal y como propusieron el Consejo y el Parlamento Europeo durante la última reforma de la PAC.

   La CE había propuesto en marzo que la reducción fuese del 4,98% pero a partir de 5.000 euros. Pese a todo, se espera que a mediados de octubre se presente una enmienda al borrador del presupuesto comunitario para 2014 y, en este contexto, el Ejecutivo comunitario podría proponer al Consejo modificar el porcentaje de reducción.

   Esta decisión se enmarca dentro de la operativa del «Mecanismo de Disciplina Financiera» de la PAC, cuya función es vigilar que los pagos directos no rebasan el techo establecido en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el periodo 2014-2020.

    Este presupuesto prevé que las ayudas comunitarias a la agricultura se reduzcan de forma progresiva en los próximos siete años, a lo que se suma la necesidad de dotar con 442 millones de euros el nuevo fondo de reserva agrícola contra la crisis.

30 millones de pérdidas en Castilla y León

    La primera reacción a esta decisión ha llegado de UCCL, que considera que «resulta insólito que después de “vender” a los cuatro vientos, por parte de la Administración General del Estado como interlocutora ante las Instituciones Comunitarias, el acuerdo sobe el Marco Financiero Plurianual 2014-2020 por entender que España recibirá más fondos europeos que los asignados para el vigente período de programación 2007-2013, ahora se haya adoptado la aplicación de una reducción del 4,001079% a los pagos directos superiores a 2.000 € que deban concederse a los agricultores y/o ganaderos por la solicitud presentada el año civil 2013».

    Según una nota, los primeros cálculos realizados por la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), los agricultores y/o ganaderos de esta Comunidad Autónoma que solicitaron pagos directos mediante la presentación de la Solicitud Única correspondiente a 2013, dejarán de percibir por tal concepto una cantidad que puede rondar los 30 millones de euros, ya que la reducción del 4,001079% se aplicará a los pagos directos superiores a 2.000 euros, a dicha cantidad hay que sumar la minoración general del 10% en concepto de modulación (a los pagos directos superiores a 5.000 euros).

    No obstante, se recuerda que aún no se ha adoptado el Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual, y por consiguiente, como medida cautelar, para calcular el ajuste se ha utilizado el límite máximo anual de 44.130 millones de euros para el ejercicio financiero 2014, como prevé el acuerdo político alcanzado el 27 de junio de 2013 entre el Parlamento Europeo, la Presidencia del Consejo y la Comisión sobre el marco financiero plurianual 2014-2020.

Para ASAJA son 36 millones por "la mala planificación de Bruselas"

    Por su parte, ASAJA de Castilla y León se ha sumado a las críticas y señala en una nota que  “estos datos significará que nuestros campo dejará de percibir en la PAC 2013 casi 36 millones de euros, una cantidad muy importante para las maltrechas economías del sector y, sobre todo, una cantidad que se pierde y que se va a dejar de invertir en el medio rural por los agricultores y ganaderos, en un momento en el que el campo es motor de la economía regional”.

    ASAJA critica que por la mala previsión de gasto de las Administraciones se ponga en juego el dinero de los agricultores, “arreglando” sus desajustes presupuestarios a última hora con total impunidad.

    Además, añade, no hay que olvidar que esta reducción es adicional a la modulación establecida para los pagos de 2013, que es del 10 por ciento, y que se aplica también a partir de los 5.000 euros de ayuda. Asimimso, según sus datos, la pérdida a nivel nacional será de 208.609.977 millones de euros , que afectarán a los 910.449 perceptores de las ayudas de la PAC.

COAG reconoce que el sector no se "esperaba esta sorpresa"

    Tambien COAG se ha posicionado en contra, señalando que rechaza este recorte porque afectará especialmente a los agricultores profesionales, comprometerá las inversiones realizadas en la presente campaña y agudizará la crisis en el campo. “Es un movimiento que ha cogido totalmente por sorpresa al sector. Gran parte de los agricultores ya han planificado sus campañas en base al horizonte presupuestario comprometido por Bruselas y las declaraciones del Ministro Cañete en las que aseguraba de forma tajante que España mantendría el mismo nivel de ayudas. En el actual contexto de crisis, los pagos compensatorios comunitarios suponen un 27% de la renta agraria total, por lo que en un momento de caídas de precios y costes al alza, son vitales para garantizar la rentabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones y por ende el empleo y el  crecimiento en las zonas rurales”, ha subrayado Miguel Blanco, Secretario General de COAG, a lo que ha añadido: “La UE desmiente a Cañete y ratifica lo que ya vaticinamos:  el marco financiero comunitario aprobado es insuficiente para afrontar los compromisos adquiridos actualmente en agricultura”.

   Según los datos recogidos en el DOUE, los agricultores europeos sufrirían un “tijeretazo” de 1.471,4 millones de euros en 2013. Además, está previsto que en 2014 también se aplique, ya que la reforma de la PAC, (en estos momentos en fase de negociación para la aplicación en España), no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2015.

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