El pleno aprobó ayer el nuevo reglamento que regulará el vertido de aguas residuales a la red de alcantarillado público. La norma anterior databa de 1993, aunque ha sido en estos últimos cinco años cuando el Ayuntamiento se ha puesto más serio y ha exigido su cumplimiento, obligando a las empresas a pedir permiso o dispensa del vertido según su actividad. De hecho, de las 760 actividades legalizadas al amparo de esta norma, la gran mayoría de los expedientes se han tramitado en los últimos años, gracias en buena medida a la colaboración de las empresas de Campollano y Romica, los dos polígonos que no tienen depuradora propia.

El concejal de Sostenibilidad, Ramón Sotos, explicó que para evitar estos problemas, con la nueva norma, la licencia de actividad y el permiso de vertidos deberán tramitarse a la vez. Además, se exigirá a las empresas que sean «más responsables: tendrán que declarar las condiciones de su vertido, aunque luego habrá control municipal».

Esta nueva normativa, junto con infraestructuras, como la futura ampliación de la Estación Depuradora, la recogida de aceites que evita que terminen en el alcantarillado y la obligatoriedad de predepurar los vertidos que sean más contaminantes, mejorará la calidad de los efluentes de la ciudad, recalcó Sotos.