La tonelada de cobre se pagaba en 2005 a 2.500 euros en base a su valor bursátil. Cinco años después, el precio se multiplicó hasta alcanzar los 7.000. El espectacular incremento de la demanda internacional, fundamentalmente de economías emergentes como China o la India, no sólo ha propiciado la revalorización de este metal, sino que también ha provocado un aumento desmedido de los robos, que en la Comunitat causan graves daños en infraestructuras e instalaciones agrarias.
Son muchos los datos que confirman la situación. Una de cada diez casetas de riego de la Comunitat ha sido asaltada, la mayoría de las carreteras de titularidad autonómica han sufrido sustracciones de cable este año, -ha sucedido en el último tramo habilitado de la CV-10, en Castellón- y se han desvalijado canalizaciones de alumbrado (V-30), de gestión de datos (paneles de la DGT) o de comunicaciones ferroviarias, como sucedió el pasado jueves en la línea del AVE entre Madrid y Valencia. Por no hablar de asaltos a instalaciones fotovoltaicas o subestaciones eléctricas.
Entre los afectados, están los colectivos agrarios, que abogan por tomar medidas más allá de un aumento de la presencia policial sobre el terreno. Como apunta Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, entre las reivindicaciones de la entidad está el aumento de la vigilancia de las chatarrerías para evitar la venta de material robado, una medida que aunque se aplica, no consigue paliar el problema.
«Es necesaria una mayor incidencia en las instalaciones de tratamiento del material, teniendo en cuenta que es muy difícil abarcar todo el campo», explica. Además, aboga por una mayor eficacia de las fiscalías y los juzgados, penalizando la reincidencia y valorando en el hecho delictivo no sólo el valor del producto sustraído, sino las consecuencias que provoca a modo de agravante. «Con una justicia más rápida evitaríamos males mayores», sentencia.
Además, aunque valora de forma positiva el nuevo plan de vigilancia impulsado por el Ministerio del Interior, con una mayor presencia y dedicación de agentes de la Guardia Civil, considera que es necesaria una mejor coordinación con las policías locales y autonómicas.
El punto de vista de Ramón Mampell, secretario general de La Unió de Llauradors y Ramaders, es similar. La entidad ha trasladado al Gobierno la necesidad de extremar la vigilancia en las zonas rurales y de «controlar la mercancía que sale de las mismas a través de visitas periódicas a aquellas empresas sospechosas de comerciar con productos agrícolas robados, con herramientas o con cobre sustraído». Desde La Unió inciden en los graves daños que se causan, pues la reparación de los destrozos, como sucede en motores o riegos por goteo, suele costar más del triple del valor del material sustraído.
Benjamín Aparicio, presidente de la Federación de Regantes de la Comunitat, se suma a la petición de los agricultores. «La gran mayoría de comunidades valencianas han sufrido este tipo de asaltos. Deberían existir medidas para evitarlo, como exigir una acreditación del material que se intenta vender», señala, algo parecido a la Guía Conduce, un proyecto empleado en algunos municipios que sirve para garantizar que la procedencia de los productos agrícolas que se venden es legítima.
En cuanto a carreteras, como informó LAS PROVINCIAS, destaca el caso de la V-30, que se ha quedado prácticamente sin iluminación debido a las sustracciones del cableado de las farolas. Algo parecido sucede en el acceso norte a Valencia. Desde el Ministerio de Fomento explicaron que la última reparación del alumbrado de la V-21 tuvo un coste de 100.000 euros. A cambio, los ladrones se llevaron unos cuantos metros de cable que conseguirían vender a no más de cinco euros por cada kilo de cobre.
Los planteamientos de agricultores y regantes coinciden con los de la patronal de empresas de recuperación de residuos. Un portavoz de la Federación Española de Recuperación y Reciclaje explicó que el cobre robado supone una parte mínima del total producido en el país (no más de un 5%), si bien reconoció que su sustracción produce daños muchísimo más elevados.
A su juicio, las principales compradoras son aquellas instalaciones ilegales, es decir, que carecen de las correspondientes licencias de gestión y que colocan el material ilegal, en connivencia con mafias organizadas, en mercados asiáticos a través de puertos europeos, como el de Rotterdam. «El sector del reciclaje no se dedica a esto. Sólo hay que pensar que las empresas autorizadas están perfectamente identificadas debido al control medioambiental que supone la gestión de residuos. De hecho, «son las primeras a las que se acude cuando se realizan redadas porque nos tienen bien identificados», añadió. «Es posible que se dé algún caso puntual, pero desde luego no es la regla general», sentenció.
A juicio de la Federación, se precisa una mayor presión policial hacia estos negocios sin licencia, que suelen almacenar pequeñas cantidades que son transportadas fuera de España con la colaboración de las mafias. Además, las empresas legales suelen ser objeto de robos organizados. Sólo en 2010 perdieron 1.600 toneladas de material. En comparación, desde 2007 las Fuerzas de Seguridad han recuperado 625 en varias operaciones.
