El pleno del Senado ha aprobado sin ningún voto en contra y con cinco abstenciones -cuatro senadores de ERC y uno de ICV- la reforma del Estatuto de Aragón, en un texto que presta especial atención a los recursos hídricos de la región.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acudió a la cámara alta, al igual que hiciera con el trámite de los estatutos de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares.

Zapatero mostró su «satisfacción» por la aprobación del texto y lo calificó de «exitoso e inteligente» por el acuerdo alcanzado sobre el agua.

El nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón ordena a las instituciones públicas aragonesas velar «especialmente» para evitar transferencias de agua. Una de las novedades del nuevo texto es que reconoce que en las inversiones del Estado en Aragón se ponderarán «con carácter prioritario» la superficie, la especial orografía del territorio y el carácter fronterizo de la Comunidad.

La tercera reforma del Estatuto habla del agua hasta en tres ocasiones. En el artículo 19 obliga a los poderes públicos a velar para evitar trasvases de sus cuencas hidrográficas. En el 72 indica que, para la defensa de estos derechos, Aragón emitirá un «informe preceptivo» sobre cualquier propuesta de transferencia de aguas, mientras que el Gobierno de España deberá propiciar «de forma efectiva» el acuerdo entre las Comunidades que puedan resultar afectadas. Por último, la disposición adicional quinta hace referencia al Pacto del Agua de 1992 para garantizar una reserva de agua para «uso exclusivo de los aragoneses», de 6.550 hectómetros cúbicos.

En el nuevo texto se mantiene la redacción del artículo 48, donde se establece la suscripción de un acuerdo bilateral de cooperación, entre el Estado y la Comunidad Autónoma para concretar la participación territorializada de Aragón en los tributos generales, posibilidad que existe en el Estatuto aragonés desde 1996 pero que hasta ahora no se ha puesto en práctica.

Por otra parte, las enmiendas mantenidas por ICV, ERC y CiU sobre el catalán y el aragonés fueron de nuevo rechazadas, por lo que el texto fue aprobado tal y como salió del Congreso.

Más competencias exclusivas

Como novedad, se regula la creación de una comisión mixta Estado-Comunidad de asuntos económico-financieros dentro del marco establecido por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). La comisión deberá constituirse en un plazo de seis meses desde que el Estatuto entre en vigor y deberá resolver el litigio entre ambas administraciones sobre la cesión del rendimiento de determinados tributos.

En todo caso, se recoge expresamente el concepto de «lealtad institucional» como principio en el que se asientan las relaciones entre Aragón y el Estado y como compensación por parte de éste último cuando adopte decisiones que supongan un gasto inesperado para las arcas autonómicas.

Además, se posibilita la creación de una Agencia Tributaria propia que colaborará con la del Estado, de forma paritaria. En total, se incrementa el número de competencias exclusivas de 41 a 59 y se incluye un artículo específico sobre la Policía Autonómica, con la potestad para crearla en el marco del Estatuto.

El nuevo Estatuto incluye un nuevo título sobre la Administración de Justicia y otro sobre derechos y deberes de los aragoneses y principios rectores de las políticas públicas, entre los que se incluye la obligatoriedad de desarrollar las actuaciones necesarias para el regreso a Aragón de los bienes de su patrimonio que están fuera de su territorio.

El texto, que pasa de seis títulos -cinco más el preliminar- a diez y de tres disposiciones adicionales a seis, incluye 115 artículos (frente a 61) y, por primera vez en su historia, contaba con un preámbulo con un prolijo detalle histórico de la trayectoria de Aragón que fue drásticamente recortado en el trámite parlamentario en el Congreso.