El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Francisco del Amor, dijo hoy que «cualquier regadío que está ocho meses sin agua tiene suficiente justificación» para un trasvase, en respuesta a las críticas de la Junta de Castilla la Mancha al último aprobado por el Gobierno.

Del Amor indicó que existen informes que avalan la petición que hicieron los regantes a la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura, pero que, en cualquier caso, las 147.000 hectáreas de regadíos de la cuenca del Segura llevan sin recibir agua del acueducto desde hace casi un año, a pesar de que tienen una declaración de interés nacional.

Criticó el oscurantismo y secretismo con el que la Junta de Castilla la Mancha lleva a la Comisión de Explotación del Acueducto los informes contrarios a los trasvases, cuando, según Del Amor, los datos técnicos debieran ser conocidos por todos, «porque la ciencia enriquece, pero envilece si se manipula políticamente».

El representante de los regantes dudó además de la justificación técnica que puedan hallar para presentar un recurso jurídico al trasvase de 11 hectómetros cúbicos, y confió en que la cordura vuelva de nuevo a la gestión del agua en España.

En este sentido, lamentó la existencia de reformas de estatutos autonómicos que incluyen apartados en los que se atribuyen competencias estatales sobre política hidráulica, como, según dijo, el caso de Castilla la Mancha, «y que luego sus representantes en rueda de prensa hablen de que el agua es un bien de todos».

«Parece mentira que en su estatuto quieran apropiarse de todas las balsas de agua de España saltándose la Constitución Española», añadió, y señaló «la incongruencia y contradicción en la que constantemente caen» al hablar de agua.

Aseguró que el sindicato de regantes del Segura estará vigilante de lo que ocurra en los próximos días con los estatutos en trámite parlamentario, ya que sospecha de que solo se maquillará el texto y que se persistirá en la cesión de competencias del Estado.

«Parece que de lo que hablan es de un bien público para ellos solo y no para el resto», añadió.

En cuanto a las críticas del vicepresidente segundo de Castilla la Mancha, Emiliano García-Page, a la posibilidad legal de venta de derechos de agua calificándolo como «mercadeo», respondió que están legalmente autorizados y que solo se trata de un acuerdo entre unos regantes que no quieren disponer de un volumen de agua que les corresponde y que la ofrecen a otros regantes que la necesitan para sus cultivos.