El Gobierno ignoró uno de los artículos que regulaba el convenio por el que los usuarios valencianos cedieron el uso del embalse de su propiedad

 J. SIERRA VALENCIA El Tribunal Supremo ha reconocido en un fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el derecho preferente de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) sobre las aguas reguladas en el embalse de Alarcón cuando el nivel del pantano se encuentra por debajo de la denominada curva de reserva.

A pesar de que este derecho preferente es la esencia del «Convenio para la utilización del embalse de Alarcón en la gestión optimizada y unitaria del Sistema Júcar», formalizado ahora hace 10 años – 23 de julio de 2001- entre el Ministerio de Medio Ambiente y los regantes y usuarios de USUJ, la Administración del Estado obvió este acuerdo desde poco después de su firma interpretando que la curva de reserva debía calcularse sumando el agua acumulada en Contreras, Tous y Alarcón y no sólo en este último embalse, como indicaba el convenio.

El 13 de junio de 2002, con el embalse de Alarcón por debajo de la curva de reserva vigente para ese mes, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar autorizó el suministro de hasta 12 hectómetros cúbicos de aguas del Júcar para la sustitución de bombeos en los Llanos de Albacete. USUJ recurrió y ganó su recurso en el TSJ de Valencia, pero el abogado del Estado presentó un recurso de casación que ha sido desestimado por el Tribunal Supremo.

La estipulación 4.ª del citado convenio -por el que USUJ, propietario del embalse, cedió al Estado el pantano de Alarcón- reconocía el derecho preferente de los regantes y usuarios valencianos sobre las aguas de Alarcón y concretaba la «efectividad» de este reconocimiento a las garantías que ofrece la curva de reserva.

En la fase negociadora, USUJ y el Gobierno estuvieron manejando distintas fórmulas, tanto centradas en Alarcón como en el conjunto del sistema Júcar. Sin embargo fue el Gobierno, presidido entonces por José Maria Aznar, quien descartó una curva de garantía en todo el sistema y sólo la aceptó en Alarcón.

Pocos meses después de la firma del convenio aplicó una política radicalmente contraria hasta el punto de que muchos usuarios valencianos del Júcar se sintieron engañados por el Gobierno. Habían entregado el embalse pero a la primera ocasión que tuvo y pese a la sequía, Madrid tiró mano del agua de Alarcón para el regadío albaceteño, con derechos recogidos en el Plan Hidrológico del Júcar.

Negociación
Juan Valero de Palma, secretario general de USUJ, admite que el convenio quedó entonces «desvirtuado». Ayer manifestó que la sentencia «reconoce que por debajo de la curva de reserva sólo cabe derivar agua para abastecimiento de poblaciones» e «interpreta que la curva de reserva sólo se puede calcular en Alarcón y no en el conjunto del sistema Júcar».
«Lo primero ahora es que se cumpla la sentencia, que se ejecute, y para ello estamos en contacto ya con la Confederación, pero además nos va a dar una posición de fuerza razonada para incorporar el Convenio de Alarcón como un plan de explotación para el sistema Júcar dentro de futuro plan hidrológico».

Diez años de convenio y una sequía de por medio
Los regantes del Júcar sostienen que la curva de reserva en Alarcón y el incremento de las garantías que representa no es sólo en beneficio de USUJ. «Si entramos antes en la curva de reserva, antes se ponen en marcha todas las medidas alternativas para intentar mantener el máximo volumen de agua en los embalses y eso es un beneficio de todos», declara Juan Valero de Palma. El secretario general de USUJ cree que el Convenio de Alarcon «ha permitido incorporar a la última sequía 243 hm3 de recursos alternativos sin los que el sistema hubiera quebrado», incapaz de atender todas las demandas si se hubiera seguido sacando agua de los embalses. Valero de Palma añade que el convenio ha ayudado a desarrollar el Plan Hidrológico del Júcar, «el suministro de agua potable a Albacete, la sustitución de bombeos en la Mancha Oriental o que el canal Júcar-Túria sólo tenga que recurrir a los caudales subterráneos cuando es estrictamente necesario». «El convenio ha sido bueno para todos los usuarios», concluyó Valero de Palma.