LA sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, conocida este lunes, no ha cambiado el discurso del Consell. «Lo que es Consititucional para Cataluña también lo es para la Comunidad Valenciana». Una frase que resume el sentir del Ejecutivo autonómico. La decisión del Tribunal que preside María Emilia Casas ha supuesto una purga al norma catalana, pero deja dentro del límite de la Carta Magna aspectos especialmente sensibles para los intereses valencianos.

El Estatuto catalán «blinda» en una de sus disposiciones adicionales cuestiones como las inversiones estatales en aquella región o la propia financiación autonómica. Asimismo, se atribuye competencias sobre los ríos, entre ello el Ebro, que transcurren por su territorio.

Dos asuntos, el dinero y el agua, básicos en la estrategia política del Consell en aras de reforzar el sentimiento identitario de los valencianos y que explican el anuncio realizado ayer por el conseller de Gobernación, Serafín Castellano. La Generalitat convocará en breve a la Comisión de Expertos creada para analizar las consecuencias legales del Estatuto catalán. La reunión tendrá lugar cuando se notifique la sentencia, probablemente a comienzos de la próxima semana. Sobre la cita, naturalmente, planeará la posibilidad de activar la conocida como «cláusula Camps», para adecuar el Estatuto valenciano y evitar «discriminaciones» respecto al texto catalán.

Financiación y agua

Con todo, la intención inicial del Consell prevé la limitación de esas mejoras a aspectos como la financiación y la gestión hídrica. No se reclamará en ningún caso cuestiones avaladas por el Tribunal Constitucional como la inmersión lingüística o la creación de una Agencia Tributaria autonómica. Bajo la premisa de que «para defender lo nuestro no hace falta ser una nación», apostillada ayer por Serafín Castellano, el Consell no se desviará en ningún caso de su forma de entender el Estado autonómico en el proyecto común español.

Del modo que sea, la celeridad en la reacción del titular de Gobernación provocó un cierto desconcierto en la dirección nacional del PP, con la vista puesta en las elecciones catalanas del próximo mes de noviembre, que a esas horas de la mañana todavía no había fijado su postura oficial. Sin embargo, ni la declaración de Mariano Rajoy difiere en lo sustancial de las tesis que defiende el Consell sobre la lealtad institucional ni la posición de la Generalitat debe intepretarse en clave de desafío. El propio Camps ha validado una hoja de ruta que pasa invariablemente por conjugar «la lealtad con la Constitución» y los intereses de los cinco millones de ciudadanos de la Comunidad Valenciana.

Recursos pendientes

Además, el Estatuto catalán todavía está pendiente de seis recursos de inconstitucionalidad, entre ellos el planteado por el Ejecutivo valenciano el 19 de octubre de 2006. El recurso considera que la norma catalana supone un «importante atentado contra los valencianos y los derechos de los valencianos, en algo tan básico como la financiación o el tema del agua y un claro atentado a la solidaridad nacional y la Constitución Española». Una posición que no ha variado un ápice.

El Consell rechazó, además, la regulación del Archivo de la Corona de Aragón y, al igual que Murcia, recurrió también la gestión del Ebro que se concede a la Generalitat de Cataluña. Junto al de la Comunidad Valenciana todavía no se han resuelto los recursos planteados por La Rioja, Murcia, Aragón, Baleares y el Defensor del Pueblo.

Comparecencia en Cortes

Con las cartas destapadas desde ayer, el Consell esperará ahora al dictamen de la Comisión de Expertos. Si el dictamen de éstos se inclina por poner en marcha un proceso de reforma estatutaria, no se descarta la convocataria extraordinaria del pleno del Ejecutivo para fijar postura a través de una

declaración institucional. Serafín Castellano ya anunció ayer que solicitará su comparecencia en las Cortes Valencianas.

La finalización del periodo de sesiones llevaría a convocar la Diputación Permanente, probablemente en el mes de julio. Una posibilidad que, además, forzaría a los diferentes grupos parlamentarios a expresar su posición. Ayer, Compromís proclamó que la «reforma del Estatuto catalán obliga a reforma inmediatamente el valenciano».

Posición del PSPV

El PSPV, por su parte, calificó de «precipitada e inoportuna» la voluntad de acometer modificaciones en la Ley orgánica. La sentencia del TC ha divido a los socialistas entre la indignación que ha exhibido el presidente catalán, José Montilla, y la aparente satisfacción del Ejecutivo que lidera José Luis Rodríguez Zapatero.

En Blanquerías, su secretario general, Jorge Alarte, permaneció en silencio ayer. A la espera de que escampe, dejó la tarea sucia para el portavoz parlamentario, Ángel Luna, alineado con las tesis que consideran que el Constitucional no ha modificado de forma sustancial el Estatuto catalán y, por conseguiente, considera que una evental reforma del valenciano requiere «más sosiego».