El trasvase Júcar-Vinalopó ha entrado en la fase de puesta a punto y podrá transferir agua a las comarcas alicantinas, en fase de pruebas, a partir del próximo otoño. El consejo de administración de la sociedad estatal Acuajúcar, responsable del proyecto, ha aprobado la licitación por 2,2 millones de euros de los servicios de operación y mantenimiento de la conducción, que trasvasará un máximo de 80 hectómetros cúbicos anuales de excedentes del río Júcar.

 marcha de la instalación se adjudicará, en principio, el próximo mayo. A partir de ese momento, en un plazo máximo de seis meses, la empresa que gane el concurso se encargará de las «tareas preparatorias» para enviar agua por la conducción desde el Azud de la Marquesa (Cullera) a la balsa de San Diego (Villena), el punto final del trasvase, según ha informado la empresa dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Una vez estén operativos y en marcha los sistemas de bombeo de la conducción, podrá iniciarse «el trasiego regular y constante de caudales» en otoño, según la previsión de Acuajúcar.

El reparto del agua, sin embargo, dependerá de que la Generalitat haya terminado las obras del llamado postrasvase; es decir, de las tuberías que distribuirán los recursos hacia los campos y poblaciones del Vinalopó desde la balsa de San Diego. Esta infraestructura acumula un fuerte retraso, aunque la Generalitat insiste en que el tramo de conexión con la balsa está en ejecución y acabada una parte de la red de distribución. La Consejería de Medio Ambiente prevé acabar las actuaciones que tiene en marcha dentro del tercer trimestre de este año, según ha afirmado hoy. El aprovechamiento de los primeros recursos del trasvase también estará sujeto a la aprobación, al menos provisional, de las normas de explotación que regirán el funcionamiento de la transferencia por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

En todo caso, el envío del agua a partir de otoño dará paso a una segunda fase de la puesta en marcha del trasvase, que durará un año y se centrará en el llenado progresivo de la balsa de San Diego para controlar su capacidad (de 20 millones de metros cúbicos) y seguridad. El agua acumulada durante esas pruebas, no obstante, podrá encauzarse hacia los usuarios.

El trasvase Júcar-Vinalopó ha supuesto una inversión de 320 millones de euros (120 de ellos de la Unión Europea) y ha enfrentado durante años en una dura polémica al Gobierno socialista y a los usuarios del Vinalopó por el cambio del trazado para situar la toma de agua en el curso bajo del Júcar, donde los expertos consideran que hay más garantías de excedentes. También ha sido motivo de confrontación el planteamiento del Gobierno de destinar el agua sólo a la recarga de los sobreexplotados acuíferos de la zona, y no para un consumo humano que estaría cubierto. El Ministerio de Medio Ambiente ha aceptado finalmente que se construya una potabilizadora al final del trasvase, sin que ello signifique enviar más recursos de los previstos, un máximo de 80 hectómetros anuales. Los regantes del Júcar y la plataforma ciudadana Xúquer Viu se han mostrado contrarios a esta decisión, ya que temen que al final se aumenten los envíos al Vinalopó para cubrir nuevos consumos.