El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto-Ley 9/2007 por el que se adoptan «medidas urgentes» para paliar los efectos de la sequía en varias cuencas hidrográficas.
Este decreto, para ser exactos, da la de cal y la de arena. Por una parte, establece una serie de exenciones fiscales para las comarcas geográficas que quedan dentro de su ámbito de aplicación. Por la otra, mantiene los poderes excepcionales concedidos en su día a las confederaciones hidrográficas para hacer frente a las situaciones de extrema sequía.
Dentro del ámbito de aplicación se incluye, de forma específica, la Mancha Oriental, lo que quiere decir que afecta a las dotaciones y caudales asignados a los consumos y necesidades de los casi 170.000 habitantes de la ciudad de Albacete, así como a las 100.000 hectáreas de regadío, en números redondos, integradas en la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, cuyo ámbito territorial, de 9.500 kilómetros cuadrados de superficie se encuentra a caballo de las provincias de Albacete y Cuenca.
En lo tocante a la ‘cara’ de este Real Decreto-Ley, el mismo establece una serie de «medidas de apoyo» para los titulares de derechos de uso de agua para riego que se hayan visto afectados por la sequía «cuando hayan tenido una dotación inferior al 50 por ciento de la normal».
Por ejemplo, los regantes que se hayan visto en esta situación tendrán derecho a que se les exima de la cuota de tarifa de utilización del agua y del canon de regulación establecidos en la Ley de Aguas actualmente vigente.
Además. se establece que quienes hayan pagado «total o parcialmente» estas cuotas «tendrán derecho a la devolución de las cantidades ingresadas».
Pero también, como ya se ha señalado, hay una ‘cruz’ y es que se mantienen hasta el 30 de noviembre las medidas del Real Decreto 1265/2005, «por el que se adoptan medidas administrativas excepcionales» para la gestión de los recursos hidráulicos «y para corregir los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas de los ríos Júcar, Segura y Tajo». Un decreto que se dejó sentir el año pasado en esta parte del Júcar.