El Xúquer ha pasado de ser una cuenca piloto presentada ante la Unión Europea, en 2005, como ejemplo de cómo se debe diagnosticar la salud de un río a convertirse en el farolillo rojo de la planificación hidrográfica de toda España. La cuenca del Xúquer ostenta actualmente el dudoso honor de ser el único río de toda España sin un borrador del plan de cuenca que el Gobierno debe entregar a la Comisión Europa para demostrar que ha hecho los deberes y cumple con la directiva marco del Agua (en vigor desde 2000 y traspuesta a las leyes españolas en 2003).
Además, el tiempo corre porque en 2009 el Plan de Cuenca del Xúquer debería estar aprobado. En 2010, la Unión Europea exige que empiecen a repercutirse los costes de las infraestructuras en el recibo del agua y en 2015 los ríos europeos deben estar en perfecto estado de revista ecológico. Pero a las tres administraciones públicas con intereses en el Xúquer (La confederación hidrográfica, la Generalitat y Castilla-La Mancha) aún ni han empezado a debatir el aeiou de lo que debe ser el Plan de Cuenca del Xúquer: las cuencas que se incluyen (si el Xúquer sólo o con el Vinalopó, por ejemplo) y que peso tienen cada administración en las decisiones que se tomen sobre el río. «Hace falta voluntad política para recuperar y proteger nuestros ríos, acuíferos, fuentes, manantiales y marjales», denunciaron ayer en Valencia y Albacete, de forma simultánea, las entidades ecologistas sentadas en la mesa de participación para la elaboración del plan de cuenca. Se trata de los representantes de Ecologistas en Acción de Albacete y Valencia, la Asociación para la conservación de los ecosistemas de la Manchuela, Xúquer Viu, Acció Ecologista Agró, WWF/Adena Valencia, Seo/Birdlife, Fundación Nueva Cultura del Agua y CC OO.
Cinco representantes de estas entidades criticaron ayer que desde mediados de 2008 la mesa de participación no se reúne, que el Xúquer aún no tiene ni el borrador del Plan de Cuenca y que, ante este panorama, estudian pedir la ampliación de la denuncia ante la Comisión Europea que abrió en 2005 un procedimiento de infracción al Gobierno de España por incumplir la directiva marco de agua.
