“Es sorprendente que una consejería que se llama de Agricultura haga una planta desalinizadora, sorteando los requisitos de la Ley de Aguas respecto a la disponibilidad de los recursos para nuevas urbanizaciones”. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), el socialista José Salvador Fuentes Zorita, ha criticado duramente y ha puesto en evidencia con estas palabras el simulacro de inauguración que el presidente en funciones de la comunidad autónoma y candidato del PP, Ramón Luis Valcárcel (PP), a pocos días de la campaña electoral, de una desalinizadora en Escombreras, que no comenzaría a generar sus primeros hectómetros cúbicos de agua potable hasta 2008.

La planta no tiene conexión con el mar, no cuenta con los permisos preceptivos del ministerio de Medio Ambiente y tampoco ha pasado la declaración de impacto ambiental, según informa la edición de hoy del diario EL PAÍS.

«No sé lo que han podido inaugurar porque están en situación de alegalidad, ya que no tienen en orden ni la toma de agua ni el emisario, ni la concesión necesaria», ha afirmado Fuentes Zorita.

Por su parte, Valcárcel, tras pulsar un botón de una planta que dijo que estaba en “pruebas”, señaló que «con esta instalación aseguramos las demandas de los municipios, sin ningún tipo de sectarismo político”.
También la edición de hoy del diario ABC se hace eco de esta inauguración fantasma, afirmando que la Comunidad de Murcia “ya tiene capacidad para producir su propia agua desalinizada” y que los primeros caudales de la planta de Escombreras llegarán a los ayuntamientos “dentro de tres meses”. Según este periódico del Grupo Vocento, Valcárcel quiere “ejercer su propia autonomía para producir agua”, sin depender en exclusiva del ministerio de Medio Ambiente.

La desalinizadora es privada y ha sido alquilada por el Gobierno murciano por un periodo de 25 años y sus caudales irán destinados a nuevos desarrollos urbanísticos y turísticos de ayuntamientos en poder del PP, según ABC.

Valcárcel ha abierto un nuevo frente de batalla contra el Gobierno central, en esta ocasión una “guerra de desalinizadoras”, pues en connivencia con la generalidad valenciana, gobernada también por el PP, boicotea la construcción de la planta desalinizadora de Torrevieja, proyectada por el ministerio de Medio Ambiente y que abastecerá a decenas de municipios alicantinos y murcianos.