Fernando Ortega se dice «triplemente satisfecho» por la reciente anulación del Decreto de Sequía. En su calidad de alto cargo de la administración regional, en la de habitante de Castilla-La Mancha y, sobre todo, en su calidad de albaceteño, porque su provincia era, con mucho, la más afectada por la norma anulada por el Tribunal Supremo.
¿Qué consecuencias tiene la anulación del Decreto de Sequía en el Tajo, Júcar y Segura?
En primer lugar, que no se pueden hacer las cosas de cualquier manera. La sentencia, de hecho, anula el decreto porque no se dio audiencia a las comunidades autónomas. No se puede legislar por las bravas, sin hablar antes con las partes implicadas y afectadas, como pueden ser las administraciones o los usuarios. En definitiva, que hay un procedimiento y unas normas de participación, y que todos tenemos que aplicarlas, incluyendo el Gobierno de la Nación.
¿Tendrá consecuencias en otros contenciosos como, por ejemplo, el del ámbito de la futura Demarcación del Júcar?
Son procesos diferentes. Pero creo que hay un denominador común, y es que las cosas no se pueden hacer de cualquier manera, como ya le dije. El Supremo ha anulado el Real Decreto de Sequía porque la ley obligaba, por ejemplo, a convocar la Junta de Gobierno de las Confederaciones Hidrográficas afectadas antes de aprobarlo, y no se hizo. Y el Supremo anuló en octubre de 2004 el ámbito territorial del Júcar porque la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana obligan a la Generalitat Valenciana a asumir la gestión de sus cuencas internas. En definitiva, que nadie por está por encima de la ley, y que las leyes y sentencias no se negocian, se acatan y se cumplen.
¿Qué pasará con los pozos de Hellín después de la anulación del Real Decreto de Sequía?
Que pasan a ser simple huecos en el suelo, porque ya no pueden ser pozos de sequía. La Confederación Hidrográfica del Segura los perforó y los usó para derivar aguas a la cuenca baja del Segura amparándose, precisamente, en este Decreto. Ahora, esas decisiones, así como las que se pudieran haber tomado en el futuro con estos pozos, quedan sin cobertura legal.
¿Vamos a tener Plan de Cuenca del Júcar en 2009, como está previsto?
Ni del Júcar ni de ninguna otra parte, vamos con mucho retraso en todas las cuencas. Es cierto que algunas van más adelantadas que otras, como por ejemplo el Segura, que ya tiene publicado, de forma provisional, el esquema de temas importantes. Pero si uno coge los plazos que están marcados ve que, aunque se llevase todo sin recursos, sin conflictos ni discusiones, se ve que es materialmente imposible. Y eso llevándolo bien.
Entonces, ¿2010?
Eso espero, porque sería una barbaridad irse más allá. Hagamos, si me permite, unas cuentas someras. Supongamos, subrayo, supongamos, que estuviese listo el esquema de temas importantes del Júcar. Una vez publicado de forma provisional, hay seis meses para hacer alegaciones, como ya hemos hecho en el Segura; pasado el plazo, iría al Consejo del de Agua de la Demarcación…
Perdone, pero ¿ese Consejo existe?
Pues no, no existe aún, ése es otro problema añadido. Pero sigamos suponiendo. Llegamos al Consejo del Agua y éste, en un plazo más o menos breve, logra llegar a un documento provisional de Plan Hidrológico. Después, viene otro plazo de alegaciones de seis meses, en definitiva, que 2009 es imposible, no puede ser.
Y entretanto, ¿qué ocurre con la gestión del Plan?
Que seguimos metidos en un círculo vicioso, con el Plan anterior, el de 1998, cuyo ámbito territorial ha sido anulado por el Supremo en virtud de la sentencia de 2004.
¿Cómo se puede romper esta situación?
Cumpliendo la ley y segregando del Júcar las cuencas internas. El problema es que ahí topamos con la indecisión en la que se mueve la Generalitat Valenciana, que no sólo no cumple la Constitución y una sentencia del Supremo, sino que encima se niega a cumplir su propio Estatuto de Autonomía, que marca que las cuencas internas las tiene que gestionar ellos. Pero ahí están, sin decir qué van a hacer o dejar de hacer, negándose a cumplir sus propias leyes y frenando el proceso de revisión del Plan de Cuenca del Júcar más allá de todo límite razonable.