El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, advirtió ayer en rueda de prensa -durante el XII Congreso Nacional de Regantes que se celebra hasta el próximo viernes en Tarragona- de que la viabilidad de la segunda fase del Plan Nacional de Regadíos (PNR) Horizonte 2015 se encuentra actualmente «en el aire» si no se revisa el proyecto para adaptarlo a las nuevas tarifas eléctricas.

D.A.

12/05/2010

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HUESCA.- Del Campo aprovechó su intervención en el Congreso para abordar en detalle algunos de los principales problemas que preocupan al regadío español como son los "obstáculos" con los que puede encontrarse la segunda fase de la modernización de regadíos, "la potestad sobre el agua que parecen haberse arrogado algunas comunidades autónomas", la gestión sostenible de los acuíferos por parte de los usuarios y, finalmente, la importancia de fijar entre todos los actores protagonistas los criterios de fijación de los caudales ecológicos.

Según explicaron fuentes de Fenacore en una nota de prensa remitida a este periódico, en relación a la transformación de regadíos, el presidente de los regantes recordó que la primera fase del Plan Nacional de Regadíos se calculó sobre la base de unos costes energéticos que posteriormente se han multiplicado, lo que coloca actualmente a los agricultores "contra las cuerdas" ante la incapacidad de amortizar la inversión realizada en la modernización de sus parcelas, máxime en un momento como el actual en el que los precios de los productos agrarios han caído "en picado" y las posibilidades de acceso a la financiación son muy limitadas.

De esta forma, destacó la necesidad de acometer obras donde prime la rentabilidad de la explotación, aunque vaya en detrimento del nivel técnico de las nuevas infraestructuras, con el fin de evitar sobrecostes "excesivos" de mantenimiento o energía que pongan en peligro la viabilidad de las explotaciones.

En este sentido, agregó que sólo en el último año el coste de la energía ha subido cerca de un 60 pro ciento, llegando a representar ya el 30 por ciento de los costes de producción, "de manera que los gastos de electricidad se están convirtiendo en inasumibles para los regantes que han realizado un importante esfuerzo inversor en la modernización de sus parcelas".

"MEDIDAS REALISTAS"

Así, el presidente de Fenacore instó al Ejecutivo central a adoptar medidas "realistas" que permitan "ahorros significativos" con respecto al sistema de tarificación actual como puede ser -añadió- la aplicación de un IVA reducido, en clara alusión al plan de choque planteado hace dos meses por el Ministerio de Industria después de que el sector agrario, con más de 40.000 regantes procedentes de toda España, se manifestara en Madrid en noviembre del pasado año para exigir, entre otras, soluciones ante la fuerte subida de la factura eléctrica.

En este sentido, respondió al Gobierno que los regantes "no pueden conformarse con contratos de temporada penalizados con una duración de hasta ocho meses, sino que necesitan poder realizar al menos dos contratos por año con las compañías eléctricas, incluyendo además la posibilidad de modificar la potencia".

Asimismo, Andrés del Campo reconoció que la propuesta de establecer "horas valle" a menor precio durante los fines de semana y el mes de agosto supone un "alivio" para el sector, pero no la "solución definitiva", ya que la necesidad de potencia es muy alta desde abril hasta septiembre y mínima de octubre a marzo, argumentó. Por esta razón, abogó por pagar únicamente por la potencia real registrada y no por la teórica contratada, evitando así desembolsar un importe por un servicio que no utilizan.

UNIDAD DE CUENCA

Por otro lado, el presidente de los regantes mostró su preocupación por lo que consideró "titularidad exclusiva sobre las aguas que están asumiendo las comunidades autónomas en sus diferentes Estatutos de Autonomía abanderadas por las regiones de Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Valencia y Castilla-La Mancha".

De esta forma -añadió-, Aragón "propugna la gestión individualizada del tramo autonómico del río Ebro, oponiéndose frontalmente a cualquier posible trasvase, Andalucía asume las competencias exclusivas del río Guadalquivir sin esperar a que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad planteado contra su Estatuto, Castilla y León reivindica la gestión del río Duero y Castilla-La Mancha exige el control del Tajo y el Júcar".

En este sentido, recordó en que se está creando un modelo autonómico "insolidario" donde las "guerras del agua" serán una constante, "ya que cada territorio buscará siempre defender sus propios intereses en esta materia, cuando en realidad la Constitución y la propia Ley de Aguas reconocen que el agua es de todos los españoles y no de quien la tiene más cerca".

A través de un repaso por los contenidos de las distintas reformas estatutarias, calificó de "error político" dividir los ríos con carácter artificial por tramos autonómicos, estableciendo un régimen diferente para cada comunidad, ya que las competencias de las aguas que transcurren por más de un territorio son competencia "exclusiva" del Estado, a través de las Confederaciones Hidrográficas.

De esta forma, afirmó que la reforma de los Estatutos andaluz y castellanoleonés rompe el principio de unidad de gestión de la cuenca, "al atribuirse potestad sobre el Guadalquivir y del Duero, vulnerando las competencias estatales".

Con respecto a Aragón y Castilla-La Mancha, afirmó que los poderes públicos de estas regiones "no tienen competencia para evitar cualquier trasvase de agua en las cuencas hidrográficas a las que pertenezcan, ya que corresponde al Estado, de acuerdo con el artículo 149 de la Constitución". Además, consideró que la exigencia de un informe preceptivo para regular los trasvases que atraviesan ámbitos territoriales no debe recogerse en un estatuto, ya que la legislación sobre esta materia es obligación estatal.

Asimismo, afirmó que la inclusión del Pacto de Agua de Aragón en un Estatuto de Autonomía "no tiene sentido", ya que éste viene recogido en las determinaciones normativas del Plan Hidrológico de Cuenca del Ebro (PHC-Ebro) y en el Plan Hidrológico Nacional (disposición adicional decimotercera).