Si cada comunidad autónoma elabora su propia Ley del Agua, el Plan Hidrológico Nacional «se convertirá en una torre de babel» donde cada territorio «hable su propio lenguaje del agua», en función de sus intereses.

Así lo ha manifestado el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Andrés del Campo, tras conocer la decisión de la Junta de Andalucía de cortar el suministro a numerosas comunidades de regantes del Valle del Guadalquivir.

El fallo de la Agencia Andaluza del Agua, vino, según FENACORE, en primer lugar por no avisara los usuarios que estaban regando -lo que ocasionó daños en los equipos-, y en segundo, porque el exceso de salinidad podría haberse evitado desembalsando el agua necesaria para rebajar el tapón salino de los arroceros, «sin necesidad de cortar el riego».

Para Del Campo, basar la gestión del agua en decisiones tomadas por los representantes de Medio Ambiente de cada provincia andaluza «es un error y rompe el principio de unidad de cuenca».

Así ha insistido en que los ríos que atraviesan varias comunidades deben ser planificadas y gestionadas por el Estado para «evitar la contaminación política» de un recurso que «es de todos los españoles».