http://www.ideal.es/almeria/v/20110302/agricultura/renta-agraria-picado-ultimo-20110302.html

La situación de los sectores agrícola y ganadero es crítica y ha empeorado considerablemente en los últimos cinco años. La ansiada rentabilidad de las explotaciones es muy complicado de conseguir últimamente y los datos que ha hecho públicos la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) así lo demuestran.

En concreto, según la información que baraja Fenacore, la renta agraria española descendió más de un 26 por ciento en los últimos cinco años, como consecuencia de la caída del precio de los productos agrícolas y el aumento continuado de los costes de producción, principalmente del precio de la energía.

Cabe recordar que, entre otros costes que se han incrementado de manera exacerbada, destacan, por ejemplo, las tarifas eléctricas que, según han explicado desde Fenacore, «han aumentado su término de potencia en un 455 por ciento y su término de energía en un 70 por ciento en este quinquenio».

Ante esta situación, el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, ha explicado durante la jornada ‘Agua y Agricultura’ que ha organizado la Universidad de Zaragoza y la Confederación Hidrográfica del Ebro que «la nueva Política Agrícola Común (PAC) que entrará en vigor en 2014 debe acometer las reformas necesarias para garantizar la estabilización de la renta de los agricultores españoles, posibilidad que ampara la Organización Mundial del Comercio (OCM) y que cuenta con antecedentes en países como Canadá y Estados Unidos».

Y es que, como vienen reclamando desde hace mucho tiempo también las diferentes organizaciones agrarias, en un buen planteamiento de la Política Agraria Común está el futuro o el fracaso de dos sectores tan sumamente importantes para la provincia de Almería como son, por un lado la agricultura y, en menor medida, por otro la ganadería.

Los insumos agrícolas y los piensos ganaderos no paran de aumentar su precio, mientras que agricultores y ganaderos lejos de percibir cada vez más una mayor cantidad de dinero o mantienen las cotizaciones o se las bajan. Esta situación está llevando sobre todo a muchos ganaderos a verse obligados a cerrar sus explotaciones. Y es que cuando la curva de gastos supera a la de los ingresos la situación, lógicamente, se hace insostenible para cualquiera.

Ya en el campo específico del regadío, que es el que afecta más a Fenacore, su presidente ha asegurado que la nueva PAC debe «reforzar las ayudas a la agricultura de regadío sostenible, que se ha endeudado a largo plazo al transformar sus infraestructuras en beneficio de la sociedad para producir más y mejores alimentos con menor cantidad de agua».

Además, en este sentido, Andrés del Campo considera que sería positivo «destinar al regadío parte de los fondos comunitarios orientados al llamado segundo pilar de políticas de desarrollo rural, ya que normalmente estos recursos no llegan a los agricultores, sino que se quedan en proyectos que los ayuntamientos o grupos de acción local deciden muchas veces por criterios exclusivamente políticos y no de interés agrícola».

Competencia desleal

Del mismo modo, para intentar mejorar la rentabilidad, tanto de los agricultores como de los ganaderos, la Política Agraria Común debe apostar porque ambos sectores sean los más competitivos posible y que, como ha explicado del Campo, «se asegure el abastecimiento de productos agrarios de calidad a precios razonables para el consumidor, corrigiendo la competencia desleal que supone para los agricultores españoles la entrada en Europa de productos que no cumplen con los mismos criterios que se exigen a nuestras producciones».

Otro grave problema es la práctica ilegal, denominada ‘dumping’, que consiste en la venta de productos agrícolas o ganaderos por debajo de los precios de mercado. En este sentido, el presidente de Fenacore considera que se debe favorecer «la firma de acuerdos que permitan fijar precios mínimos a la producción».

Por todo ello, del Campo ha asegurado que lo que debe hacer la Unión Europea es «proteger con firmeza las condiciones del sector a la hora de negociar con Mercosur o Marruecos». Por otro lado, afirmó que la financiación de la Política Agraria Común, que asciende a 50.000 millones de euros al año, supone para cada ciudadano de la Unión Europea «dos euros a la semana o, lo que es lo mismo, el coste de un kilogramo de manzanas, por lo que no se puede concluir que sea cara, teniendo en cuenta que garantiza el abastecimiento de alimentos que son básicos para la población».