Así lo ha explicado a EFE el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, quien recuerda que el sector agrario constituye el segundo consumidor de electricidad en España, sólo por detrás del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Ha denunciado que, tras la supresión por parte del actual Gobierno de las tarifas especiales de riego en el verano de 2008, el coste en el término de potencia para los profesionales se ha incrementado un 450 %.

Se trata de un gasto fijo para el agricultor por potencia máxima instalada durante todo el año se riegue o no -recuerda Del Campo- y que no se ajusta a las necesidades de flexibilidad y costes asumibles que reclaman los productores.

La irrigación de los campos se generaliza coincidiendo con los meses de verano, más calurosos y con ausencia pluviométrica, aunque los agricultores riegan desde marzo o abril hasta septiembre y octubre en el Norte y Centro de España, mientras que en Levante y área meridional debe hacerse casi todo el año.

Por su parte, el alza de las tarifas eléctricas propiamente dichas ha subido entre el 70 y el 80 % de media desde entonces, aunque en algunos territorios el incremento alcanza el 150 %.

De momento, estas tarifas representan ya entre el 25 y el 30 % de los costes de producción de los agricultores, según Fenacore.

Los elevados gastos han provocado ya el abandono del regadío en algunas zonas para introducir cultivos de secano, como los cereales o el girasol.

«En 2010, por primera vez en la historia, se redujeron en alrededor de 16.000 las hectáreas de regadío», detalla Del Campo.

Según los datos de Fenacore, el regadío retrocedió un 6,8 % en Comunidad Valenciana (hasta 304.624 ha), un 3 % en Murcia (hasta 162.791 ha), un 2,4 % en Castilla-La Mancha (478.712 ha) y un 1,5 % en Castilla y León (hasta 394.219 ha).

Según la Federación, en la primera fase del Plan Nacional de Regadíos se han transformado miles de hectáreas de cultivo para introducir riegos localizados más eficientes, lo que ha implicado aumentar la factura energética que, en un contexto de precios agrícolas bajos en muchos casos, impide una adecuada rentabilidad a los agricultores.

En su opinión, el «bárbaro» encarecimiento de la electricidad que utilizan los regantes para impulsar el agua hasta las fincas hace necesario «rediseñar» en el futuro algunos proyectos de modernización para adaptarlos a las nuevas condiciones de mayores costes energéticos.

Por otra parte, Del Campo ha defendido la importancia del regadío para producir más en el campo y una nueva Política Agraria Común (PAC) que fomente la productividad con el objetivo de aumentar la disponibilidad de alimentos en un 43 % antes de 2030 y en un 70 % para 2050 para evitar hambrunas, como la que padece ahora el Cuerno de África.

En su opinión, la PAC actual se ha visto afectada por el «fundamentalismo ambiental» que ha desprestigiado la actividad agraria y fomentado el abandono, de tal forma que ahora sólo un 6 % de los productores son jóvenes -menores de 35 años- frente al 40 %, que tiene más de 65 años.

Según Del Campo, sin agricultores «no habrá desarrollo rural, ni turismo rural ni calidad ambiental» y, si se abandonan zonas regables, los territorios se convierten en desérticos, como ha ocurrido en zonas de Murcia, Levante o Aragón. EFE