El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, reclamaba ayer que en la política hidrológica nacional haya «coherencia» en todas las cuencas para que la estrategia y filosofía de esta política general del agua sea la oposición a los trasvases.

Hacía esta valoración durante la habitual rueda de prensa para dar a conocer los acuerdos del Consejo de Gobierno, y preguntado por la petición de Calatuña para que se realice un trasvase del río Segre. Según Lamata, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha dejado claro que rechaza cualquier trasvase desde el Ebro. Dijo que el único trasvase «vivo» de importancia que existe en España es el del Tajo-Segura y volvió a reiterar su caducidad.

Además, señaló que en la cabecera del Tajo «no hay agua ni la habrá» para trasvases, porque si aumentan las reservas, «Castilla-La Mancha necesitará ese agua para su desarrollo».

Volvió a insistir, como en otras ocasiones, que hay otras alternativas al trasvase para las regiones que dependen de esta cuenca, como el uso de las desaladoras.

Estabilidad en el empleo

En cuanto a los acuerdos del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo regional destacó la aprobación de una instrucción sobre el fomento de las estabilidad en el empleo y otras medidas de tipo social y medioambiental que deben cumplir las empresas que quieran establecer contratos públicos con la Junta de Comunidades.

Lamata destacaba que el Gobierno regional primará mediante cláusulas en los pliegos de contratación a aquellas empresas que tengan una mayor tasa de empleo indefinido y a las que se comprometan a transformar los empleos temporales en fijos. También se primará la contratación de discapacitados, mujeres, parados de larga duración y las medidas que fomenten la igualdad y la conciliación. El año pasado la Administración regional efectuó 5.882 contratos con empresas por importe de 1.700 millones de euros.