El Ministerio de Medio Ambiente, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunitat Valenciana se acusaron ayer mutuamente de romper el consenso en torno a la política del agua y de generar un clima de “insolidaridad e ingobernabilidad”.

El director general del Ministerio, Jaime Palop; el consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá; la responsable de Obras Públicas de Castilla-La Mancha, María Encina Álvarez, y su homólogo valenciano, José Ramón García Antón, protagonizaron en el Club Siglo XXI de Madrid un agrio debate acerca de las políticas hidrológicas estatal y comunitarias.

Así, los consejeros valenciano y murciano, ambos del PP, acusaron al Gobierno y a las comunidades socialistas, de practicar una gestión hidrológica “insolidaria”. García Antón incidió en que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha permitido que sean las comunidades las que “digan qué se puede hacer y qué no” respecto a la gestión hidrológica. “Se ha creado una dinámica de apropiación del agua, lo cual genera insolidaridad.El agua está llegando a cotas de ingobernabilidad”, afirmó.

El consejero de Agua, Antonio Cerdá, por su lado, advirtió que su región “no consentirá” la caducidad del trasvase Tajo-Segura fijado en el Estatuto castellano-manchego. Cerdá Cerdá situó el origen de la crispación que sobre el agua originan los agentes políticos en la derogación del trasvase del Ebro por el Gobiern