J. SIERRA VALENCIA El número exacto de hectáreas de regadío que existen en la Comunitat Valenciana se ha convertido en los últimos meses en el penúltimo motivo de enfrentamiento entre la Generalitat y el Gobierno central. Ni uno ni otro parecen capaces de ponerse de acuerdo sobre algo que debería ser cuantificable con relativa facilidad gracias a los recursos de la propia administración y al uso de modernas tecnologías, incluidos los satélites.
Sin embargo, las cifras que manejan la Generalitat Valenciana y la Confederación Hidrográfica del Júcar están muy alejadas y difieren también de las que figuran en el censo agrario del Instituto Nacional de Estadística y de las admitidas por los propios regantes.
La discusión no es baladí. En el fondo no importan tanto las hectáreas como los derechos de éste regadío a recibir agua. Pese a que nadie ha planteado una revisión concesional— a cada hectárea de regadío le corresponde una dotación teórica de agua, dependiendo del tipo de cultivo y cuyo suministro debe garantizar el Estado—, en el fondo se trata de tomar posiciones en el reparto de caudales que debe figurar en el próximo plan hidrológico y sirve también para determinar los balances de recursos y demandas que, de ser negativos, podrían utilizarse para reclamar trasvases desde otras cuencas hidrográficas.
Descenso
Según el Censo Agrario elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a a 1999, dentro de la superficie agrícola utilizada había 301.413 hectáreas de regadío de las que no se regaban ya 17.848 ha.
En contra de lo que pudiera pensarse, ni la expansión urbanística ni la crisis de la agricultura parecen haber hecho excesiva mella en el regadío. Según el censo actualizado de 2009, cuyos datos definitivos se cerraron hace unos meses, la superficie regable era de 289.949 hectáreas, lo que supone un descenso de 11.464 has. (3,8%).
En sus alegaciones al Esquema Provisional de Temas Importantes del Plan Hidrológico de la Demarcación Júcar, la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana asegura que la superficie regada es de 350.000 has. Además, se rechaza como «no aceptable» que en los cálculos que figuran en el Esquema de Temas Importantes, antesala del nuevo plan hidrológico del Júcar, «no se reconozcan las superficies que figuran en los expedientes de concesión de aguas».
Dicen que calcular la Unidad de Demanda Agrícola «atendiendo exclusivamente a la superficie realmente regada es contrario al estudio de la demanda porque niega la posibilidad de que se use el derecho al uso de las aguas en su totalidad…». Es decir, los regantes quieren que el plan les asigne el máximo teórico necesario para regar todas sus superficies, al margen de si se riegan ya o no. El excedente podría derivarse así hacia campos de golf, para los que los propios regantes piden un estatus similar al del regadío, en intercambios con otros usuarios o para atender futuras ampliaciones de las zonas regables.
La Generalitat Valenciana cuestiona también las cifras del Ministerio de Medio Ambiente. La CHJ solo ha incluido 261.000 hectáreas en sus planes para la Demarcación Júcar mientras el plan de cuenca vigente situaba la superficie regada en 300.940 has y la Generalitat calcula una superficie total de 318.995 has y que es , dice, «la que se ha de considerar».
El caso del Vinalopó
Solo en el Vinalopó-Alacantí, donde algunos caudales para la agricultura acaban en los abastecimientos urbanos, la disparidad es brutal. Según la CHJ, la superficie regada es de 30.488 has. El Instituto Interuniversitario de Geografía sostiene que trabajos de campo, fotointerpretación y encuestas directas realizadas en 2006 «confirman» la existencia de una superficie regable con derechos de uso reconocidos que supera las 85.000 has. No obstante, admite como superficie «regada» la de 70.699 has, muy lejos todavía de la considerada por la Confederación Hidrográfica.