El Gobierno aprobará antes de que termine el año un Real Decreto sobre aquellos aspectos de la reforma de la Ley de Agua que han sido consensuados y que no requieran para su aplicación una norma con rango de ley, ante la imposibilidad de que la reforma salga adelante en esta legislatura.

Así lo anunció hoy la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en un comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, a petición de IU y del PP, para informar sobre los motivos de la paralización del proyecto de Ley del Agua.

La ministra anunció que ese decreto, que aprobará el Consejo de Ministros, incluirá aspectos como la mejora de la gestión del dominio publico hidráulico, en particular una protección especial de zonas inundables; la seguridad de las presas y una mayor homogeneidad en los criterios de aplicación de sanciones en daños sobre el dominio público hidráulico.

En declaraciones a los medios tras su intervención, Narbona recordó que en el Consejo Nacional del Agua, en el que están representados las comunidades autónomas, los regantes, las asociaciones ecologistas y los usuarios, había ‘un gran consenso’ sobre determinadas materias.

Además, aseguró que va a estudiar la propuesta planteada en el debate por el portavoz de IC-IU, Joan Herrera, a la que se sumó el grupo mixto en boca del diputado de la Chunta Aragonesista, Juan Antonio Labordeta, de aprobar un Real Decreto Ley ‘que permita avanzar algo más’ en la transposición de la directiva marco.

En su comparecencia, Narbona achacó la paralización de la Ley a dos cuestiones ‘polémicas’, que ‘generan ruido’ y que se prestan con ‘facilidad’ a la demagogia.

Una de ellas es la determinación de los costes del agua de acuerdo con las exigencias de la Unión Europea, que fue ‘rebatida de forma muy dura’ en el Consejo Nacional del Agua, especialmente por parte de las comunidades gobernadas por el PP y por asociaciones agrarias.

A este respecto, subrayó que el Gobierno ‘no tiene la menor intención de hundir al sector agrícola’ y abogó por seguir trabajando para no dar pasos que no sean adecuadamente compartidos por el sector agrícola, uno de los principales afectados por la reforma de la Ley.

El segundo aspecto polémico que ha paralizado la Ley es la participación de las comunidades autónomas en la gestión de los grandes ríos, sobre el que Narbona defendió un modelo que ‘goce de la máxima estabilidad en el tiempo’.

Por su parte, la portavoz del PP en la Comisión, Teresa de Lara, criticó la insolidaridad que ha creado la política de agua de la ministra y le recordó que para lograr un consenso en esta materia todas las comunidades ‘deben tener el agua que necesitan’.

Por el grupo socialista, la diputada Juana Serna consideró ‘absolutamente sensato’ atrasar una ley ‘unos cuantos meses’ y criticó la irresponsabilidad del PP, que impide avanzar en el tema del agua.