El alcalde de Hellín, Diego García Caro, arropado por representantes de la UGT, agricultores de la UPA y el alcalde de Tobarra Manuel Valcárcel, en representación de la Fundación Campos de Hellín, mostró ayer su apoyo a la resolución del Gobierno de regional de enviar al fiscal, para su investigación, la situación de los pozos de sequía que la Confederación del Segura ha abierto en la comarca.

García Caro dijo que en numerosas ocasiones el Ayuntamiento ha llevado a cabo actuaciones para defender los intereses de nuestra tierra: «Hemos solicitado medidas para poner fin a lo que supone un claro abuso y un expolio incontrolado de los escasos recursos hídricos subterráneos de nuestra tierra. Además existe una Ley que regula el Trasvase Tajo-Segura que dice que queda prohibido derivar aguas subterráneas de la provincia de Albacete al Levante Español; queremos que se cumpla la Ley en los once pozos que están abiertos en estos momentos».

Agregó el alcalde que «no podemos permitir ni aceptar que a nuestros agricultores se les pongan todo tipo de trabas y dificultades para el acceso a nuestras aguas subterráneas; y saltándose las normas dictadas se autoriza y se fomenta para abastecer las vegas del Segura».

«Lo que a nosotros se nos niega -añadió- se le ofrece a otros territorios del levante, por eso no vamos a tolerar que la riqueza de unos se haga a costa de empobrecer a otros. El agua es vital para nosotros y no estamos dispuestos a seguir tolerando transferencias a la región de Murcia, sin saber el uso que se le da al agua que nos están quitando».

Pacto por el agua

El alcalde dijo que la decisión del Gobierno de la región ha sido valiente, y agregó que «tenemos que llegar a un pacto por el agua donde los agentes políticos, sindicales, ganaderos, agricultores alcancemos un gran acuerdo para resolver estos problemas que vienen a enfrentar a los territorios».

El secretario provincial de UPA, Julián Morcillo, dijo que estas acciones de la Confederación del Segura no sólo atentan contra Hellín sino contra los intereses de la región, por lo que su organización también apoya al gobierno regional: « No se pueden amparar en un Real Decreto Ley, desde la Confederación se lleva a cabo un trasvase encubierto en torno a 40 hectómetros cúbicos. No podemos estar de acuerdo cuando tenemos regadíos declarados de interés social aprobados en el Pan Nacional de Regadíos como en Liétor o Elche de la Sierra y no se les autoriza el riego».

Añadió que esos pozos «ponen en peligro los regadíos de nuestras zonas porque bajan los niveles».

Agregó el dirigente de la UPA que «no podemos entender que explotaciones a las que se les está reduciendo el agua estén a pocos metros de estos pozos, que se llevan un caudal inmenso a través del río Mundo a Murcia». La UGT, a través de Eduardo Mayordomo, dijo que su presencia era para seguir apoyando la decisión de que se tomen medidas para cerrar los pozos: «Valoramos positivamente la decisión tomada por el presidente Barreda para cerrar la explotación de los once pozos. Tenemos el mismo derecho de crecer que en las comarcas cercanas».

El alcalde de Tobarra apoyaba también la decisión de la Junta; dijo Valcárcel que no era justo que el agua «se la esté llevando Murcia cuando la necesitamos en nuestras tierras, y no podemos permitir ni lo vamos a permitir lo que está sucediendo con el agua».

Julián Martínez, de la UPA, dijo que como agricultores no van a poner trabas a los agricultores compañeros de otras regiones, «pero entendemos que las extracciones de los pozos de nuestra tierra pueden ir a otros usos; es muy grave y resulta penoso que agricultores de nuestra región por donde pasa el agua no pueden hacer uso de ella; se necesita de un estudio muy amplio y concreto para conocer las necesidades que tiene cada sector».