Juan Carlos Rodríguez Ibarra realizó el anuncio durante la presentación en Sevilla de un libro de cocina. Dijo que lo interpondrá cuando el nuevo estatuto andaluz se publique en el Boletín Oficial del Estado.
El presidente de Extremadura señaló que presentará el recurso “sin duda” porque el articulo 51 del nuevo texto estatutario “se apodera en exclusiva del río Guadalquivir”, que “es una falsa competencia exclusiva porque está redactado para que parezca una verdadera competencia, pero es falsa”.
El citado artículo 51 establece que la Comunidad Autónoma de Andalucía ‘‘ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra comunidad autónoma, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras públicas hidráulicas de interés general y de lo previsto en el artículo 149.1.22 de la Constitución”.
El presidente extremeño recordó que la Constitución recoge “taxativamente” que los ríos que discurren por varias comunidades autónomas “son competencia exclusiva del Estado”, y no dice “que si un río transcurre el 92 por ciento por un sitio y el 8 por ciento restante por otro su gestión sea competencia del primero”.
De este modo, Rodríguez Ibarra se acoge a la senda marcada por la Generalitat Valenciana, que ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, y su demanda ha sido admitida a trámite, el nuevo estatuto de Cataluña. El motivo del recurso del Consell es el mismo que en el caso de extremeños y andaluces: El Ejecutivo autonómico catalán blindaba el Ebro a los trasvases, a pesar de que ese es un río que atraviesa varias autonomías y a su cuenca pertenece incluso la comarca castellonense de Els Ports.
La Generalitat también está dispuesta a recurrir otros dos futuros estatutos: el de Aragón y el de Castilla-La Mancha. El primero, también por blindar el Ebro a los trasvases. El segundo por querer acabar con la transferencia Tajo-Segura.
La decisión de Rodríguez Ibarra evidencia, según declaró ayer el portavoz del PP en las Cortes, Serafín Castellano, “las contradicciones de la política hídrica del PSOE”. En esta línea, agregó que queda patente ‘‘el caos y los desequilibrios que la desastrosa política hídrica de Zapatero están provocando”.
El derogado trasvase del Ebro
Castellano argumentó que el actual Ejecutivo central “abrió la veda irresponsablemente con la derogación del trasvase del Ebro y ha provocado un efecto dominó que está comportando los desequilibrios, la insolidiaridad y que los propios socialistas impugnen ahora las cosas por la política de improvisación e incertidumbre que practica Rodríguez Zapatero’’.
‘‘Los socialistas están demostrando que su política hídrica es un auténtico fracaso que fractura la solidaridad interterritorial y los recursos naturales, ya que los ríos no son de una Comunidad o de otra, sino que son una competencia estatal que nadie puede arrogarse porque sí, como quieren hacer con el Ebro”, declaró Castellano.
Así, Serafín Castellano indicó que “los socialistas, por un lado en unas regiones, se dedican a blindar los ríos y negar el agua a las comunidades vecinas, como ocurre en Aragón, donde también pretenden recoger en su estatuto ese blindaje para el Ebro, y en otras se oponen a estas medidas”. Resaltó además que “eso es lo que ocurre cuando la política que promueve el gobierno central obvia los principios de solidaridad entre comunidades y cuando lo que se fomenta es el enfrentamiento y la crispación”.
Castellano señaló que a los populares “ya nos gustaría que los socialistas valencianos tomaran ejemplo y se opusieran al blindaje del Ebro que pretenden sus compañeros de partido en Aragón e hicieran cumplir el derecho al agua que recoge nuestro estatuto reclamando el trasvase del Ebro que Zapatero nos derogó”.