Las eléctricas están dispuestas a dar la batalla legal para conseguir que la tarifa de la luz no quede congelada, como acordaron el Gobierno y el PP como primer punto del gran pacto por la energía que negocian. La primera en dar el paso ha sido Iberdrola, que el pasado jueves presentó un recurso contencioso administrativo ante la sala tercera del Tribunal Supremo, contra la orden ministerial que paralizó la subida prevista para el pasado 1 de julio, que podría haber llegado hasta el 5%, según la propuesta inicial del Ministerio de Industria, luego desactivada.
Fuentes de la eléctrica vasca apuntaron a La Voz que el recurso se fundamenta en que el Gobierno ha incumplido, a su entender, el mandato legal de, a la hora de revisar las tarifas, reconocer el exceso de déficit tarifario (la diferencia entre los costes y los ingresos del sistema eléctrico). Un desfase que el año pasado, según las cifras facilitadas por la Comisión Nacional de la Energía, ascendió a 4.616 millones de euros, frente a los 3.500 previstos por el Gobierno.
De esta forma, Iberdrola entiende que el estricto cumplimiento de la ley del sector eléctrico obliga al Ejecutivo a trasladar a los recibos esa diferencia de 1.116 millones que han asumido las eléctricas, de los que, según su cálculo, les correspondería un 35,01% (390,7 millones).
No es el único defecto legal que detectan en una norma «claramente arbitraria» que, según su estudio, adolece de dos vicios legales. En primer lugar, haber sido dictada sin informe previo de la CNE sobre su texto definitivo, que «se aparta de modo sustancial de la propuesta inicial», que sí fue estudiada por el regulador. Entiende, además, que falta también el informe preceptivo del Consejo Consultivo de Electricidad.
Medidas cautelares
Antes de que se resuelva el recurso, los abogados de Iberdrola han solicitado medidas cautelares, de forma que se obligue a Industria a modificar la orden para reconocer en ella el exceso de déficit de tarifa, fijando el tipo de interés que debe aplicarse a las cantidades que aporta cada compañía e incrementando los peajes de acceso (el canon que paga el consumidor por usar las redes de transporte y distribución de la electricidad), de forma que se recuperen esos 1.116 millones e intereses.
Y aunque de momento es la única en judicializar el conflicto, el resto de las grandes eléctricas estudian también las acciones a tomar contra un decisión que, entienden, atenta de forma directa contra sus ingresos. Así, tanto Gas Natural Fenosa como E.On e Hidrocantábrico Energía aún están estudiando la posibilidad de recurrir, para lo que disponen de un plazo de 2 meses a contar desde la publicación de la orden ministerial el 30 de junio, según informa Efe.
Unesa pide un alza del 7,5%
Por su parte, desde Endesa, declinaron comentar si la compañía ha recurrido ya la orden o tiene planes de hacerlo, en tanto que desde la patronal Unesa señalaron que la decisión de recurrir o no será adoptada a mediados de esta semana. Según la patronal eléctrica, la luz debería haber subido en julio un 7,5%, dado el resultado de las subastas y la propuesta inicial de peajes de Industria. Habitualmente, las compañías del sector recurren las órdenes que fijan las tarifas de la luz por considerar que estas no suben nunca lo suficiente para poner fin al déficit de tarifa.