¿Cuántos kilómetros de tuberías recorren el subsuelo de la Región de Murcia? ¿Ocupan terrenos de dominio público hidráulico o surcan propiedades privadas? ¿Transportan caudales legales o ilegales sin concesiones autorizadas, y en qué cantidades? Son algunos de los interrogantes que piensa resolver el Ministerio de Medio Ambiente para dar la razón, o quitársela, a los distintos grupos ecologistas que, como Greenpeace, siguen denunciado un supuesto tráfico ilegal de caudales en la cuenca más seca de la Unión Europea.

El comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica, Manuel Aldeguer, reveló ayer a La Verdad que van a contratar a una empresa de asistencia técnica para que se encargue de escudriñar palmo a palmo el subsuelo de Campo de Cartagena y Mazarrón, donde los ecologistas han puesto el foco de sus denuncias.

Greenpeace, en su revista trimestral, mantiene sus críticas sobre la gestión del agua en el Segura, ya que a su juicio la Administración central en manos del PSOE no ha resuelto el presunto mercado ilegal de agua en esta zona.

Compromiso con Greenpeace

En concreto, indica que «existe una red de tuberías ilegales que se extiende hacia Mazarrón, Águilas y el Campo de Cartagena». Añade que el Ministerio de Medio Ambiente «acaba de comprometerse con Greenpeace a estudiar esa red, cartografiarla y hacerla pública. Hoy sólo conocemos doscientos kilómetros de tuberías ilegales. Un trabajo que han tenido que realizar los propios ecologistas para denunciar el problema por que la Confederación Hidrográfica todavía no lo ha hecho».

En la misma línea, los ecologistas llegan al extremo de afirmar, aunque sin pruebas, que ese entramado de tuberías «sirve para vender el agua del Trasvase Tajo-Segura entre particulares, pero también el agua que se extrae de los miles de pozos ilegales abiertos que existen en la región».

El rigor de los datos que presenta Greenpeace sobre la gestión del agua en la cuenca del Segura está en entredicho después del informe que presentó meses atrás concluyendo que existía un superávit de agua de un total de 308 hectómetros cúbicos anuales debido al uso fraudulento de 812 hectómetros. Esto les valió que el Ministerio de Medio Ambiente desacreditara dicho informe.

Aldeguer rebajó ayer el tono de las nuevas denuncias de Greenpeace y explicó que primero hay que averiguar si las tuberías discurren por terrenos de dominio público, ya que si lo hacen por propiedad privada la cuenca no tiene nada que hacer.

Concesiones oficiales

«Lo que deben entender los ecologistas es que las tuberías no son legales ni ilegales -matizó Aldeguer-. Otra cosa es que el agua que transporten tengan o no concesiones oficiales. Todo eso lo estamos investigando, y se completará con el Programa Alberca que iniciamos hace tres años para conocer al detalle todos los usos y aprovechamientos de la cuenca del Segura».

Pozos propios

El comisario de Aguas recordó asimismo que las comunidades de regantes cuentan con sus pozos propios, y que el agua para el riego de los campos está asignada específicamente a cada zona.

«Si el agua saliera fuera de su zona de riego -explica Manuel Aldeguer-, necesitaría contar con una cesión de derechos. En el caso de que no se cumpliera ese trámite, entonces se consideraría ilegal», sentencia el comisario.