La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sigue en sus trece. En los próximos días, 15 ayuntamientos de la provincia recibirán una nueva remesa de facturas, expedidas por el organismo de cuenca, por cantidades que oscilan entre los 3.000 y los 145.000 euros. y que, entre todas, sumasn más de medio millón.
Estas cantidades se expiden como un suplemento a las tarifas del agua que deben pagar las corporaciones a la CHJ, en concepto de diversas obras de emergencia realizadas para garantizar el suministro de aguas en 2008.
Varios alcaldes ya han anunciado que no pagarán, porque no pueden hacer frente a estos recargos. Además, siguen sin entender por qué deben pagar el 100% de las obras cuando, en otras ocasiones, éstas se han cofinanciado entre las administraciones nacional, regional y local.
La relación de cantidades detalladas y los municipios afectados se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Las tres mayores cuantías corresponden al Ayuntamiento de Albacete (145.919 euros), el de Alcadozo (131.155 euros) y el de Pozohondo (101.841 euros).
«Para Albacete, este recargo es un inconveniente -señalaba ayer el portavoz del PP en la Diputación, Antonio Serrano- pero es asumible, al fin y al cabo hablamos de un incremento de menos de un euro por habitante; pero en municipios como Alcadozo o Pozohondo, esto es un problemón».
Así, los 736 habitantes de Alcadozo tocan a 178 euros por cabeza y año, mientras que los 1.810 de Pozohondo salen a 56 euros por cabeza y año. Pero Serrano, como alcalde de Peñas de San Pedro, un municipio que también tiene este mismo problema, recuerda que las dimensiones del mismo son mucho mayores.
«Para empezar, los ayuntamientos afectados no son 15, son 23, supongo que las tarifas de los restantes saldrán en breve -señaló- y para seguir, no hablamos de pagar estas cantidades un año, y ya está; es que nos van a pasar una factura idéntica, todos los ejercicios, durante los próximos 25 años».
Amparo Núñez, alcaldesa de Pozohondo, señalaba ayer a La Tribuna de Albacete que «el presupuesto de nuestro Ayuntamiento es de 1.800.000 euros al año; no puedo pagar 100.000 euros cada año, durante 25 años años, es simplemente imposible; si el municipio fuese una empresa privada, estaríamos abocados a la suspensión de pagos».
Tanto Serrano como Núñez son alcaldes populares. Pero ambos señalaron que, en este asunto, no hay diferencias de partidos, pues en estos 23 ayuntamientos hay corporaciones gobernadas por el PP y por el PSOE.
De hecho, Serrano señaló que «en este asunto, el respaldo que estamos recibiendo por parte de la Diputación de Albacete es total, los servicios jurídicos de la Corporación provincial están a nuestra disposición, de forma gratuita, para poder recurrir, y nos consta que se están haciendo gestiones ante el Gobierno central».
Estas gestiones se hacen desde el equipo de Gobierno de la Diputación, gobernada por el PSOE, y llegan hasta el mismo Consejo de Ministros, que es quien, en última instancia, de su visto bueno a las tarifas.
Pero donde Serrano no ahorró críticas fue al referirse al organismo de cuenca: «en este asunto, no soy capaz de entenderla posición de la Confederación, pues ya nos han pasado la mano por el lomo varias veces, palmaditas en la espalda, tranquilos, no pasa nada y, mientras tanto, cada cierto tiempo, como un reloj, nos exigen unas cantidades que no podemos pagar; da la impresión de que se ríen de nosotros, la verdad».