El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, negó ayer que el informe remitido por el Ministerio de Medio Ambiente a la UE sobre la situación de las obras del trasvase Júcar-Vinalopó plantee una disminución del caudal.

La afirmación de Moragues se produce tres días después de que el Consell y los regantes denunciaran, tal y como publicó LAS PROVINCIAS, que el documento elaborado por el Ministerio incluye una reducción del caudal del trasvase Júcar-Vinalopó de los 80 hectómetros cúbicos inicialmente previstos a 51,6.

Para el presidente del órgano de Cuenca, es «falso» interpretar así el documento. Moragues aseguró ayer, durante la visita a las obras de la desalinizadora de Oropesa recién iniciadas, que el informe se hizo público ante unas 20 personas y únicamente «el representante de la Generalitat entendió eso». Además, incidió en que los propios usuarios del trasvase «no entendieron eso».

Precisamente los usuarios, por boca de su presidente, Andrés Martínez, y frente a lo que ayer dijo Moragues, denunciaron la política del órgano de cuenca y anunciaron que van a remitir una carta al Ministerio de Medio Ambiente quejándose de su actuación.

El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, también presente en el acto, fue mucho más prudente. Sin negar la reducción de caudales, tal y como hizo el lunes, se limitó a decir que el trasvase «nos permitará que llegue agua a las comarcas del sur de la Comunitat, y nosotros no tenemos ningún veto a cualquier medida que suponga solucionar los problemas de agua, lo que ocurre es que tras nuestras decisiones hay razones».

La directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Marta Morén, aseguró ayer que la nueva desalinizadora cubrirá las necesidades de la comarca de La Plana de Castellón con «calidad» y preservando el medio ambiente.

La planta, cuya inversión asciende a 55,5 millones de euros, producirá 21,5 hectómetros cúbicos anuales de agua destinada al abastecimiento de unas 150.000 personas en Oropesa , Cabanes y Benicàssim. En caso de incrementarse las necesidades, la desalinizadora puede incrementar su capacidad de producción hasta los 43 hectómetros anuales. Según Morén, «se trata de una actuación que es coherente y está en la línea de los objetivos fijados por la Directiva Marco del Agua, ya que contribuye a garantizar el suministro suficiente de agua en buen estado, tal como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo».