En noviembre de 2004 el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana publicaba un documento muy crítico sobre la situación del urbanismo en la autonomía. Ahora, el último informe la defensora del Pueblo manchega, Henar Merino, dedica un capítulo especial a abordar esta cuestión que cada vez tiene más importancia en esta región ante el fuerte desarrollo que experimenta.

La expansión urbanística no se ha quedado sólo en la costa, sino que afecta ya a la práctica totalidad de regiones españolas. Según un informe de Ecologistas en Acción, que no ha sido negado por la Junta de Castilla-La Mancha, pese a que LAS PROVINCIAS trató de conocer en varias ocasiones sus puntos de vista, en el horizonte de 2030 se habrán construido un millón de viviendas más en esta autonomía, el doble de las que existen en estos momentos. Además, están proyectados unos 25 campos de golf, una cifra que la asociación ecologista llega a situar en 50.

Este notable desarrollo urbanístico tiene una directa incidencia en la Comunitat Valenciana, ya que estas viviendas van a ser abastecidas con el agua de los ríos Tajo y Júcar, con lo que disminuirán los cauces que aportan a Valencia. También terminarán de sobreexplotar los dos principales acuíferos de la región, ya en peligro.

Informe
El informe de la defensora del Pueblo no utiliza términos tan tajantes como el del Síndic de Greuges de 2004, pero describe una situación muy similar. El Síndic de Greuges, entonces Bernardo del Rosal, advirtió de que la Administración no suministraba información suficiente a los vecinos sobre las actuaciones urbanísticas.

Además, resaltó la escasa participación de los vecinos en la planificación urbanística. Pero, sobre todo, hizo hincapié en la “pasividad municipal y autonómica ante la comisión de infracciones urbanísticas”.

El informe de la defensora del Pueblo manchega podría considerarse una copia de las líneas básicas expuestas por Del Rosal en 2004. Merino denuncia, en primer lugar, la “pasividad de las entidades locales” ante las presuntas infracciones denunciadas y señala que no se están tomando las medidas correctoras adecuadas por parte de las autoridades pertinentes.

Además, recuerda las conclusiones de las Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo celebradas en octubre de 2006 en las que se conminaba a las Administraciones autonómicas a aplicar sus competencias sancionadoras para acabar con las infracciones, algo que parece no se está haciendo en Castilla-La Mancha.

Merino llama la atención sobre el número de quejas planteadas por los ciudadanos ante las dificultades de acceso a la información, que llega a calificar de “opacidad informativa” lo que, en su opinión, genera “una acusada sensación de indefensión”. Una queja muy similar a la planteada por el Síndic contra muchos ayuntamientos y la Generalitat.

Es más, también critica a la Junta, presidida por el socialista José María Barreda, y a los ayuntamientos por permitir que modificaciones del planeamiento general “que implican importantes cambios demográficos en los municipios” se hagan al margen de los planes generales. Esta es una de los principales argumentos utilizados por el PSPV para criticar el urbanismo valenciano, mientras que sus compañeros de partido lo permiten en una región vecina.

El informe de Merino reconoce que hay ayuntamientos que han otorgado licencias indebidamente tanto de construcción como de urbanización.

La comparación entre ambos informes pone en evidencia que la situación del urbanismo en estas dos comunidades no es tan diferente. Pero la Comunitat Valenciana ha sido objeto de tres visitas de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, mientras que Castilla-La Mancha no ha recibido ni una sola crítica y su fuerte desarrollo constructivo está pasando prácticamente inadvertido.

Esta situación ha sido criticada por el PP que acusó a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de tener una “doble vara de medir”. El vicesecretario regional del PP, Ricardo Costa, lamentó que Cristina Narbona “dé la callada por respuesta para denunciar actuaciones que se desarrollan en comunidades socialistas y que afectan a la valenciana”.