La directora general del agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Marta Morén, ha asegurado este lunes que la gestión de las cuencas hidrográficas cuando las comunidades autónomas no coinciden con las demarcaciones hidrográficas «obliga casi a un trabajo de diplomacia» entre las distintas regiones.

   Durante el curso de verano ‘Situación de la gobernanza del agua en España a la vista de la DMA’ organizado por la Fundación Ingeniería y Sociedad, Morén ha reconocido que es difícil cumplir los «ambiciosos» objetivos de la directiva marco de agua y que, atendiendo a esta normativa comunitaria, habrá que planificar después de realizar un «balance entre demanda y recursos» de cara a la planificación a 2015 de la asignación y los recursos.

   Precisamente, ha explicado que debido a esta dificultad de cumplimiento de la DMA en 2015 «ya se están planteando prórrogas para 2021 y 2027 por imposibilidad técnica en algunos casos o por los costes desproporcionados».

   No obstante, considera que el cumplimiento de tales objetivos «va a ser una revolución» para España, ya que por primera vez se integran los análisis económicos y la recuperación de costes. «El usuario tendrá que estar informado porque este proceso afectará a su bolsillo», ha advertido.

   Además, ha subrayado que el agua «va a estar disponible en función de las posibilidades que haya» y que, en este momento la demanda es mayor que los recursos, por lo que, en su opinión, «habrá que hacer una gestión ajustando los consumos a la sostenibilidad del agua».

   En ese sentido, ha manifestado que la gestión del agua «debe estar por encima de las Comunidades autónomas» y ha opinado que ninguna comunidad autónoma debería decidir sobre un río que pase por más de una región.

   Por su parte, durante su intervención, el Fiscal General de Medio Ambiente, Antonio Vercher, ha destacado el «cambio grandísimo» que se ha producido en España en los últimos 25 años en materia de agua, ya que anteriormente las sanciones y penas sólo se centraban en vertidos al agua en costa o en tierra, al aire o al suelo, pero que con las últimas modificaciones del código penal ahora también son delitos los vertidos en alta mar.

   También ha recordado que el anexo de la directiva marco del agua de 19 de noviembre de 2008 señala que no cumplir esta normativa es infracción de carácter penal.

   Por su parte, el catedrático de obras y aprovechamientos hidráulicos Florentino Santos ha indicado que la gestión autonómica no está facilitando que se pueda acometer una gestión integral del agua a nivel nacional y ha dicho que, a su juicio, el agua es un recurso que ahora depende de los intereses de los grupos políticos.